El Juez de Garantía Matías Farinazzo Tempestini dispuso la detención del acusado por el femicidio en Concarán, Ricardo Vicente Pereyra. La imputación se fundamenta en el delito de homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo con la víctima como por haber sido cometido en el contexto de violencia de género. Esta figura legal conlleva una pena de prisión perpetua como castigo único.
En la audiencia de formulación de cargos, las fiscales Débora Roy Gitto y Lorena Ohanian presentaron un sólido conjunto de pruebas que apuntan de manera inequívoca hacia la culpabilidad del acusado. Los detalles presentados establecen que el hombre de 62 años apuñaló repetidamente a su pareja, Margarita Azucena Quiroga, antes de degollarla en la casa que compartían en Concarán. Posteriormente, intentó ocultar pruebas y huyó con pertenencias de la víctima.
En un panorama judicial que destaca por la participación de las fiscales y el juez, la audiencia también contó con la presencia de la defensora Oficial Adjunta 1, Mirtha Moreno, en representación del acusado, así como la letrada María Guadalupe Sánchez, quien actúa como abogada querellante en representación de las tres hijas de la víctima.
La reconstrucción del trágico suceso revela que el crimen tuvo lugar cerca de las 7:30 de la mañana del sábado 12 de agosto, como lo indican los resultados de la autopsia. Se presume que la víctima fue atacada en su cama y que la secuencia del ataque se desplazó por diferentes áreas de la vivienda, dejando un reguero de sangre en su camino. A pesar de los intentos por limpiar la escena, las evidencias de la violencia infligida son irrefutables.
La resistencia de la víctima se evidencia en las heridas en el cuerpo del agresor, quien intentó frenarla. Las pruebas médicas establecen que Quiroga sufrió heridas graves en manos, ojos, maxilar y cuello, que finalmente causaron su muerte por desangramiento. La violencia perpetrada revela una lucha feroz, resaltada por las marcas en el cuerpo de Pereyra.
Tras el crimen, el agresor intentó borrar las pruebas y escapar de la escena del crimen. Sin embargo, fue detenido por la policía, con manchas de sangre y coincidencias en las huellas de su calzado con las encontradas en el lugar del femicidio. Las fiscales argumentaron un peligro potencial para las hijas de la víctima, la posibilidad de fuga y la influencia en testigos como base para solicitar 120 días de prisión preventiva.
La defensa, en tanto, cuestionó la agravante de violencia de género y resaltó el arraigo del acusado en la provincia. Aunque descartó la fuga, propuso medidas de coerción menos severas que el encarcelamiento. Finalmente, el juez Farinazzo Tempestini se inclinó por la petición de la fiscalía, ordenando la prisión preventiva del acusado, marcando un paso esencial en la búsqueda de justicia en casos de violencia de género.
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