En Villa de Merlo, un dramático caso de abuso infantil denunciado en 2017 corre el riesgo de quedar en la nada debido a un controvertido debate sobre la prescripción. La lucha por obtener justicia para la víctima, una niña de seis años, ha enfrentado diversos obstáculos, entre ellos, leyes con grises jurídicos y dificultades económicas para llevar adelante el proceso penal.
El Código Penal de la Nación establece un plazo de hasta 12 años para que una víctima de abuso sexual se anime a denunciar el delito. Sin embargo, leyes sancionadas en 2011 y 2015 modificaron este panorama a favor de los denunciantes. A pesar de esto, los magistrados aún fallan a favor de la prescripción en casos ocurridos antes de esas modificaciones.
El caso en cuestión involucra a R.B., quien denunció haber sido víctima de abuso en su infancia. A pesar de las pruebas y pericias psicológicas que corroboran los indicios traumáticos compatibles con el abuso, la causa ha enfrentado obstáculos legales que amenazan con su prescripción.
La abogada de la familia, María de los Ángeles Tapia, ha presentado recursos de inconstitucionalidad y apelaciones para evitar la prescripción. Aunque ha logrado avances significativos, el camino hacia la justicia parece incierto.
El caso también involucra a otras víctimas, como una prima de R.B., que también denunció haber sido abusada por el mismo acusado. En ese caso, se llegó a un acuerdo mediante un juicio abreviado que incluyó una admisión de culpabilidad por parte del agresor. Sin embargo, la situación de R.B. ha sido más compleja y controvertida.
El debate sobre cuándo inicia el plazo de prescripción, si desde el momento del abuso o desde que la víctima efectúa la denuncia, ha generado divergencias entre los jueces y ha abierto interrogantes sobre la aplicación de las leyes más benévolas para el imputado.
Para M.E.E., madre de la víctima, la lucha va más allá de su hija, pues busca que se ponga fin a la prescripción y se cambie la ley, consciente de las dificultades que implica lograrlo. Ha sido una ardua batalla, y el desgaste emocional y económico es considerable.
El Procurador General de la Provincia, Luis Martínez, se ha inclinado por la prescripción del caso, lo que representa una noticia desalentadora para la familia.
En un país donde la impunidad de los delitos de abuso sexual es un tema preocupante, la historia de R.B. se convierte en un llamado a la reflexión sobre la protección de los derechos de los menores y la necesidad de buscar la justicia para las víctimas de este tipo de delitos, incluso años después de ocurridos.
La lucha de M.E.E. trasciende las fronteras de su caso personal y se convierte en un reclamo para que se ponga fin a la prescripción de delitos de abuso sexual, y se asegure que todas las víctimas puedan encontrar la justicia que merecen, sin importar el tiempo transcurrido.
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