Entidades empresariales presentaron una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, solicitando la suspensión de una norma que provoca intereses exorbitantes en los casos laborales. La industria del juicio está generando cada vez más impacto en las empresas, tanto grandes como pequeñas. La reciente normativa, conocida como Acta 2764/22 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, establece cómo se calculan los intereses a pagar por las empresas en juicios laborales de todo tipo.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal (CNAT), presidida por la jueza Silvia Esther Pinto Varela, en la que solicitan la suspensión de la vigencia del Acta. Argumentan que esta normativa establece intereses exorbitantes en los pagos por juicios laborales.
Según las cámaras empresariales, esta situación no solo genera gran preocupación entre los empresarios argentinos, sino que también provoca un contexto de resultados erráticos, inequitativos y criterios disímiles de interpretación, con efectos extremadamente perjudiciales para la industria, el comercio y los trabajadores en general.
“Este método de cálculo hace que los números sean exorbitantes y desproporcionados, más allá del costo de vida y los salarios”, afirma Corina Castrillón, abogada laboralista y representante de IDEA.
La situación de los empleadores afectados es dramática. Juan, propietario de una imprenta por más de 20 años que se vio obligado a cerrar hace seis, relata su experiencia: “Tuve un juicio, el único en 25 años, y la contraparte nunca quiso negociar. Después de 9 años, salió esta sentencia que me obligó a pagar 300.000 pesos, pero con los intereses llega a casi 15 millones de pesos. No puedo afrontarlo. Ahora soy empleado, tengo 63 años y no sé cómo va a terminar esto. Se van a fundir muchas pymes”.
El reclamo de las entidades empresariales se basa en dos informes, uno de la Universidad de Buenos Aires y otro de la UIA verificado por PwC Argentina, que describen las inconsistencias del método de cálculo utilizado.
El impacto de esta situación se extiende incluso a los seguros de riesgo de trabajo. La Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) expresa que este tema es especialmente relevante para las ART, ya que afecta al stock judicial. Dado el gran número de casos abiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que representa el 15% de los casos a nivel nacional, esta actualización compromete gran parte del patrimonio total de las compañías que integran el sistema. Un ejemplo concreto muestra cómo un juicio de 2014, bajo la nueva normativa, multiplica el valor por 45 veces.
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los miembros de la Corte Suprema
El reclamo de las entidades se encuentra ahora en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que deberá convocar a las 10 salas del fuero para analizar el tema. La Corte Suprema de Justicia, compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también ha sido incluida en el reclamo.
El sector privado advierte que esta situación absurda podría llevar al cierre de cientos de pymes en todo el país.
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