Tras dos semanas de cuarto intermedio, el fiscal Diego Luciani volvió a tomar la palabra para rechazar los planteos de nulidad realizados por las defensas de los acusados. “No tenemos nada que replicar y eso demuestra la solidez del alegato”, sentenció el funcionario judicial al arranque de su intervención.
Luciani remarcó que los abogados de los acusados realizaron “valoraciones de tinte político, planteos infundados y poco serios”.
Seis de los abogados de los acusados pidieron que el fiscal Luciani no vuelva a intervenir, como tenía planeado el tribunal, para responder a los planteos de nulidad y excepciones. Sin embargo, eso no sucederá y, junto a Mola, se tomarán, en principio, todo el lunes para hacerlo.
El tema de las réplicas será central, ya que podría propiciar la generación de dúplicas. Esto significa que los abogados de las defensas querrán, en tal caso, responder a algún nuevo planteo por parte de los fiscales, lo cual podría extender el juicio oral y público.
De todos modos, más allá de lo que suceda en ese punto, posteriormente, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso analizarán lo expuesto por ambos sectores y estarían en condiciones de fijar las fechas para que los imputados que así lo deseen brinden sus últimas palabras antes de la sentencia.
Causa Vialidad: las nulidades y excepciones solicitadas por las defensas
Juan Villanueva, letrado de Lázaro Báez, planteó la nulidad parcial del alegato del fiscal Luciani y una excepción por falta de acción al apuntar que de las 52 obras que fueron investigadas, en 49 ya hubo dictamen de sobreseimiento en los tribunales de Santa Cruz.
Mientras que Santiago Finn, que se encarga de la defensa del exsecretario de Obras Públicas, José López, hizo lo propio con la prueba de los chats en su celular y las declaraciones del exfuncionario en su calidad de arrepentido.
Causa Vialidad: las penas que solicitó la fiscalía para los 13 imputados
- Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
- Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
- Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
- Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
- Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala: 4 años de cárcel.
- Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
- Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
- Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
- José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
- Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
- Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
- José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
- Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.
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