El fallo de la Corte Suprema por los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, además de haber desatado un conflicto político y judicial sin precedentes, le genera al gobierno nacional un costo fiscal que compromete todos los números, sobre todo por las metas de déficit acordadas con el FMI.
De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), acatar la sentencia del máximo tribunal le implicaría al Estado un gasto público nacional extra de entre 0,12% y 0,13% del PIB durante 2023. Es similar a una baja de la meta de déficit desde el 1,9% del PIB al 1,77% del PIB.
El documento destaca que “a fines de 2020, la Ciudad tuvo un cambio del coeficiente primario de distribución de recursos nacionales, que, en efecto, fue una baja desde el 3,5% al 1,4%”.
Primero, mediante el decreto 735/2020 del Ejecutivo nacional, se le redujo en 1,18 puntos porcentuales su participación. Luego, mediante la Ley 27.606, se introdujo una nueva modificación, retrayendo el coeficiente en 0,92 puntos porcentuales hasta el 1,4%, y asignando a la jurisdicción un monto fijo con actualización trimestral por inflación.
El fallo de la Corte, que llega en medio de un proceso de esfuerzo fiscal para cumplir con la meta de déficit del 2,5% del PIB este año y viniendo una más exigente del 1,9% del PIB en 2023, establece que CABA participe con un coeficiente del 2,95% en lugar del 1,4% actual. Además, se define la no aplicación de la ley que daba origen a montos fijos (transferencias no automáticas).
“Resulta interesante determinar los recursos que CABA recibiría en 2023, sin medida cautelar. Por un lado, recibiría unos $249.000 millones de pesos de coparticipación automática y, por otro, unos $97.000 millones de pesos de transferencias no automáticas en un escenario optimista y unos $80.000 millones de pesos en un escenario pesimista. Esto significa que CABA está con un coeficiente efectivo de entre 1,85% y 1,95%, según el monto de transferencias no automáticas de 2023″, analiza IARAF.
Y sigue: “Con la medida cautelar aumentaría el monto de coparticipación y se eliminaría el monto de transferencias no automáticas. CABA pasaría a recibir $520.000 millones en concepto de coparticipación y perdería lo no automático”.
El efecto neto es el siguiente: CABA recibiría $271.000 millones extras por coparticipación y dejaría de recibir transferencias no automáticas por $97.000 millones en el escenario optimista o por $80.000 millones en el escenario pesimista. En efecto, el saldo neto sería de $174.000 millones o $191.000 millones.
En relación al PIB, el efecto neto de la medida cautelar es de entre 0,118 y 0,129 puntos porcentuales del PIB.
Esta medida, además, implica un esfuerzo adicional para el Tesoro Nacional de 0,11 puntos porcentuales del PIB. Es similar a un cambio de meta fiscal desde el 1,9% del PIB al 1,79% del PIB.
El conflicto se desató el miércoles, luego de que la Corte dictara una medida cautelar que ordena restituir a la Ciudad el 2,95% de los fondos que recauda el Estado y que son “coparticipables”, es decir, deben ser repartidos entre las diferentes provincias y la Capital Federal.
En septiembre de 2020, Alberto Fernández decidió hacer ese recorte para dar un aumento a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tras alegar que el aumento en la coparticipación de impuestos que la capital había recibido durante el gobierno de Mauricio Macri para costear los gastos de la Policía de la Ciudad no era correcto.
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