La Justicia imputó a Roberto Daniel Kifer por ocho hechos de estafa cometidos contra comerciantes de Villa Mercedes durante todo 2024, mediante una maniobra reiterada: simular pagos por transferencia con comprobantes falsos que nunca se acreditaban.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Kifer ingresaba a los locales, retiraba mercadería y, al momento de pagar, mostraba recibos truchos desde su celular, para luego retirarse rápidamente. A los pocos minutos, los comerciantes advertían que el dinero jamás había ingresado a sus cuentas. El ardid, simple pero efectivo, se repitió en distintos rubros y barrios de la ciudad.
La Fiscalía advirtió riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación
La causa reúne ocho denuncias, que fueron unificadas ante la reiteración del modus operandi. La investigación es llevada adelante por los fiscales Maximiliano Bazla Cassina y Nayla Cabrera Muñoz, quienes señalaron que el imputado ignoró reiteradas citaciones judiciales, lo que derivó en su detención para poder imputarlo formalmente.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal anticipó que solicitará prisión preventiva por cuatro meses, al considerar latente el peligro de fuga, la falta de arraigo, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y los antecedentes de incomparecencias. Kifer permanecerá detenido, al menos, hasta el viernes.
Entre los episodios detallados, se destacó que el 4 de enero de 2024 el acusado habría obtenido un vehículo ajeno con el pretexto de realizar una reparación mecánica. Lejos de cumplir, utilizó el auto para movilizarse y cometer las primeras estafas. Al día siguiente, engañó a una química de avenida Presidente Perón, y horas más tarde a una casa de repuestos de motos, donde fue confrontado y devolvió parte de la mercadería antes de huir.
La secuencia continuó el 6 de febrero en una carnicería de avenida 25 de Mayo, el 27 de junio en un kiosco de Pizarro y Sargento Baigorria, el 22 de octubre en un comercio de Balcarce al 638 y el 14 de diciembre en un local del barrio 960 Viviendas, con montos que oscilaron entre $10.000 y más de $46.000 por operación.
Durante la audiencia, la defensora oficial Cecilia Mithiaux solicitó precisiones sobre los montos involucrados y una prórroga de la detención. También participó Silvia Morán, en representación de la presunta cómplice, quien tampoco se presentó previamente ante el Poder Judicial.
