El debate se realizará en la Cámara alta con foco en minería e hidrocarburos
Provincias mineras reclaman mayor autonomía sobre sus recursos naturales
El Senado de la Nación debatirá este jueves la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una norma clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce en la Argentina. La iniciativa del oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), propone redefinir el alcance de la protección ambiental para habilitar proyectos productivos vinculados a la megaminería y la explotación de hidrocarburos.
La discusión reabre un conflicto histórico entre desarrollo económico y preservación ambiental, con impacto directo en provincias con potencial minero como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Qué propone el oficialismo
El bloque de LLA busca modificar artículos centrales de la normativa vigente para limitar la protección exclusivamente a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”.
Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial, es decir, las zonas de suelos congelados que cumplen un rol clave en la regulación del agua. También prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, incluyendo minería y exploración hidrocarburífera en áreas protegidas.
Desde el oficialismo sostienen que la legislación actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”. Argumentan que la modificación permitiría compatibilizar desarrollo productivo con controles técnicos y auditorías ambientales.
Además, plantean reforzar el principio del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Bajo esa premisa, cada jurisdicción tendría mayor potestad para decidir sobre la explotación de sus recursos.
El rechazo de la oposición
El bloque mayoritario del peronismo en la Cámara alta, junto a sectores ambientalistas, rechaza la reforma al considerar que podría debilitar la protección de las reservas hídricas.
Sostienen que los glaciares y ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua potable, fundamentales para el consumo humano, el riego y el equilibrio ecológico. Advierten que flexibilizar la normativa podría afectar cuencas hídricas en un contexto de cambio climático y crisis ambiental.
El presidente del bloque justicialista, José Mayans, mantiene una postura crítica y alineada con sectores sindicales y ambientalistas que priorizan la preservación de los recursos hídricos.
Sin embargo, dentro del propio interbloque peronista existen tensiones: legisladores de provincias mineras evalúan alternativas que permitan mayor actividad productiva sin eliminar totalmente el marco de protección ambiental.
Historia de un conflicto que vuelve
La discusión no es nueva. Desde el año pasado se anticipaba que el Ejecutivo intentaría avanzar con cambios durante sesiones extraordinarias. El debate expone una tensión estructural en el Congreso: desarrollo económico versus resguardo ambiental.
Mientras el oficialismo apunta a dinamizar inversiones en minería —particularmente litio y cobre— y en hidrocarburos, la oposición advierte que cualquier modificación debe garantizar la prioridad absoluta del agua como recurso estratégico.
El proyecto alternativo
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un contraproyecto que busca fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares.
La propuesta plantea:
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Reforzar la prohibición de actividades mineras e industriales en áreas protegidas.
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Ratificar que el agua proveniente de glaciares es un recurso estratégico de interés nacional.
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Priorizar su preservación para consumo humano y riego.
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Actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Glaciares para asegurar monitoreo científico constante.
El proyecto también incorpora el concepto de soberanía hídrica y derechos de las poblaciones que dependen de estas cuencas.
Un debate con impacto federal
El resultado de la votación podría redefinir la relación entre Nación y provincias en materia de recursos naturales.
El oficialismo apuesta a una ley más acotada que habilite inversiones y otorgue mayor autonomía provincial. La oposición advierte que una flexibilización podría comprometer la seguridad hídrica del país.
En un escenario atravesado por la necesidad de dólares e inversiones, pero también por el avance del cambio climático, el Congreso volverá a discutir el delicado equilibrio entre producción y preservación.
