La disputa se centra en estados contables y vínculos comerciales
La AFA anticipó que apelará ante la Cámara Civil y la Corte Suprema
El Gobierno nacional decidió profundizar la estrategia administrativa y judicial para garantizar la fiscalización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que la entidad rechazara el ingreso de los veedores designados por la Inspección General de Justicia (IGJ).
Desde el Ejecutivo aseguran que “agotarán todas las instancias” previstas por la normativa vigente para sostener la medida de control y no descartan solicitar una orden judicial que habilite el ingreso con fuerza pública en caso de persistir la negativa.
El marco legal y las alternativas en análisis
La veeduría fue solicitada en el marco de las investigaciones sobre los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y la revisión de relaciones comerciales y financieras vinculadas a la comercialización de derechos.
El Ministerio de Justicia ya aceptó la solicitud de la IGJ y prevé designar en el corto plazo a los veedores: dos abogados y un contador, cuyos nombres se mantienen en reserva.
Entre las opciones que se analizan figuran:
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Una intimación formal para exigir la entrega de documentación.
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La aplicación de multas por incumplimiento.
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La solicitud de una orden judicial que permita el ingreso compulsivo.
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La eventual presentación de una nueva denuncia si continúa la negativa.
En el Ejecutivo sostienen que la medida no implica intervención ni desplazamiento de autoridades, sino una verificación administrativa contemplada en la Ley 22.315, que regula las facultades de control de la IGJ.
El eje del conflicto
Según fuentes oficiales, la IGJ otorgó plazos previos para la entrega de información que habría sido presentada de manera parcial. Desde Nación afirman que la AFA se negó a proporcionar la documentación completa requerida y que los veedores buscarán “obtener y verificar la información faltante” para reconstruir el flujo de fondos.
Si la negativa se mantiene tras la intimación, el Ejecutivo podría dejar asentada la “obstrucción al control estatal”, lo que habilitaría la vía judicial para exigir el cumplimiento de la fiscalización.
En Balcarce 50 remarcan que el procedimiento seguirá el curso administrativo y, de ser necesario, judicial.
Por su parte, la conducción de la AFA anticipó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impugnar la medida.
Un conflicto con impacto institucional
El caso abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, en un contexto donde la transparencia institucional y el control de asociaciones civiles se ubican en el centro del debate público.
Mientras el Ejecutivo descarta retroceder, la resolución del conflicto podría trasladarse definitivamente al ámbito judicial si no hay acuerdo en la etapa administrativa.
