El proyecto de Ley Penal Juvenil promovido por el Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años comenzó a debatirse en el Senado de la Nación, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos afirmativos.
La iniciativa plantea una modificación integral de la ley vigente (22.278), sancionada en 1980, con el objetivo —según el oficialismo— de actualizar el marco normativo frente al escenario actual de la delincuencia juvenil y equiparar a la Argentina con estándares regionales.
Comparación regional y fundamentos oficiales
Desde La Libertad Avanza (LLA) argumentan que Argentina se encuentra por encima del promedio latinoamericano en materia de edad de imputabilidad. Países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana establecen el límite en los 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá lo fijan en 12.
En esos casos, los sistemas penales juveniles combinan medidas socioeducativas con enfoques de reinserción social.
El oficialismo sostiene que hubo un aumento de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, con participación creciente en hechos graves, lo que —según expresaron— genera una percepción social de “impunidad” e “injusticia”.
Además, remarcan que organizaciones delictivas utilizan a menores como parte de sus estructuras, bajo el entendimiento de que actualmente no pueden ser procesados penalmente.
Del proyecto original a la negociación política
La propuesta inicial contemplaba fijar la imputabilidad desde los 13 años. Sin embargo, tras negociaciones parlamentarias con bloques dialoguistas, el oficialismo elevó el piso a los 14 años para asegurar consenso político y el acompañamiento de fuerzas como el PRO y la UCR.
Durante el debate en comisiones, especialistas en desarrollo cognitivo y neurología señalaron que, si bien un menor puede comprender la ilicitud de sus actos a los 13 años, los 14 representan un umbral más sólido para determinar responsabilidad penal.
¿Qué penas prevé el proyecto?
El texto establece:
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Hasta 3 años de prisión para delitos menores.
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Hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso o secuestro.
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Hasta 20 años en casos excepcionales.
Además, contempla medidas alternativas como:
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Libertad asistida
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Régimen de amonestaciones
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Tareas comunitarias
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Programas educativos o de capacitación laboral
También prevé la posibilidad de reparación económica o mediación, siempre con consentimiento de la víctima.
El esquema combina sanciones punitivas con herramientas orientadas a la reinserción social.
Centros especializados y prohibición de convivencia con adultos
El régimen prohíbe que menores condenados compartan espacios con adultos en cárceles comunes.
Se proyecta la creación de centros de detención e institutos especializados, con personal capacitado en niñez y adicciones. En caso de delitos graves cometidos por menores de 15 años, se contempla la internación con fines de resocialización bajo control judicial.
Presupuesto y financiamiento
El Gobierno anunció la incorporación de un capítulo presupuestario específico que destinará más de $23.700 millones para la construcción de nuevos centros y la contratación de equipos interdisciplinarios.
Según el oficialismo, el objetivo es evitar el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias convencionales y fortalecer un sistema especializado.
Un debate que divide posiciones
Desde lo conceptual, la propuesta combina una mirada punitiva con un enfoque socioeducativo. Mientras el oficialismo la presenta como una actualización necesaria del régimen penal juvenil, sectores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles impactos en materia de garantías y políticas de niñez.
El debate en el Senado será determinante para el futuro de una reforma que podría modificar de manera sustancial el sistema penal juvenil argentino.
