El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años en Argentina después de décadas con el sistema anterior. La iniciativa obtuvo 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención, y ahora quedará a la espera de su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
La aprobación en la Cámara alta se produjo este viernes en el marco de la agenda del Gobierno nacional, bajo conducción de Javier Milei y con fuerte impulso de su espacio oficialista, La Libertad Avanza, tras haber recibido media sanción en la Cámara de Diputados semanas atrás.
El nuevo marco legal reemplaza la ley vigente desde 1980 e introduce un sistema especializado de justicia juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos y garantías diferenciadas respecto del régimen de adultos. Entre otros puntos, contempla la presunción favorable a la minoría de edad y restricciones para que los jóvenes no compartan espacios judiciales o penitenciarios con adultos.
En el debate parlamentario, el oficialismo argumentó que los índices de participación de menores de entre 14 y 16 años en hechos delictivos graves —según sus datos— habían generado una creciente sensación de “impunidad”, y que era necesaria una actualización del régimen para responder a la realidad social actual.
Desde la oposición, sectores como el Frente de Todos cuestionaron la constitucionalidad y falta de recursos para la implementación de la ley en las provincias, además de advertir sobre la necesidad de políticas públicas integrales de prevención y reinserción.
📍 En términos comparativos, varios países de la región también fijan la edad de imputabilidad en 14 años (como Bolivia, Chile o Colombia), mientras que otros —como Brasil o Ecuador — incluso tienen edades más bajas bajo marcos que, en general, priorizan medidas socioeducativas y de reinserción.
La nueva ley representa un cambio significativo en la política de justicia juvenil argentina, que será observada de cerca tanto por sectores políticos como por organismos de derechos humanos y especialistas en adolescencia y seguridad.
