La política de reducción del gasto público impulsada por el presidenteJavier Milei, conocida como “plan motosierra”, provocó una fuerte caída en el empleo estatal. Según datos delInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector público nacional perdió 62.768 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y enero de 2026.
De acuerdo con el informe oficial sobre dotación de personal del Estado, la planta pasó de 341.473 trabajadores al inicio de la gestión a 278.705 empleados en enero de 2026. La reducción equivale a una baja cercana al 18,4% en poco más de dos años.
Ajuste sostenido durante 26 meses
Los datos muestran que la caída del empleo público fue constante desde el inicio del actual gobierno. En total se registran 26 meses consecutivos de reducción en la plantilla estatal.
Solo durante enero de 2026 se contabilizaron 1.415 desvinculaciones, lo que representó una disminución del 0,5% respecto del mes anterior.
El recorte impactó tanto en la Administración Pública Nacional (APN) como en las empresas y sociedades del Estado, aunque el mayor volumen de reducciones se concentró en la estructura administrativa central.
Los organismos descentralizados, los más afectados
Dentro de la Administración Pública Nacional, el segmento con mayor pérdida de personal fue la administración descentralizada, que registró una reducción superior a 21.800 trabajadores desde el inicio de la actual gestión.
También se observaron recortes significativos en la administración centralizada, además de bajas en organismos desconcentrados y otros entes estatales.
En paralelo, las empresas y sociedades del Estado redujeron su dotación en más de 21.000 empleados, lo que representa una caída superior al 19%.
Un eje central del programa económico
La reducción del empleo público se consolidó como uno de los pilares del programa de ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en línea con su promesa de campaña de achicar el tamaño del Estado y avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas.
Mientras el oficialismo sostiene que el recorte es necesario para equilibrar el gasto estatal y mejorar la eficiencia administrativa, distintos sectores políticos, sindicales y sociales advierten sobre el impacto laboral y social de la medida.
El debate sobre el alcance del ajuste y sus consecuencias en el funcionamiento del Estado continúa abierto en el escenario político y económico del país.
