Este lunes comenzará en la provincia de San Luis el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, acusada de haber utilizado recursos del Estado provincial para beneficiar a una entidad deportiva privada durante la gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo del fiscal Francisco Assat Alí, quien imputó a la ex funcionaria por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su requerimiento de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Transferencias millonarias al San Luis Fútbol Club
Uno de los ejes centrales de la acusación se refiere a transferencias sistemáticas de fondos públicos hacia el San Luis Fútbol Club, una asociación civil creada en 2022 que participa en la Primera División femenina de la AFA.
Según la investigación judicial, Cintia Ramírez ocupaba simultáneamente la conducción de la Secretaría de Deportes, del Ente Deportes y además se desempeñaba como presidenta del club.
En ese contexto, la Fiscalía sostiene que entre 2022 y 2023 se realizaron 188 transferencias de dinero público hacia la institución deportiva, por un monto total de 166.612.164 pesos.
De acuerdo al expediente, esos fondos fueron destinados a cubrir gastos operativos del equipo, entre ellos transporte, alojamiento de los planteles, compra de alimentos, indumentaria deportiva, equipamiento y otros insumos necesarios para competir en el fútbol femenino profesional.
Para el fiscal Assat Alí, estas decisiones administrativas habrían sido tomadas con un claro conflicto de intereses, utilizando la estructura estatal para financiar una institución que la propia funcionaria dirigía.
La compra de un colectivo con presunto sobreprecio
El segundo eje de la causa está vinculado con la adquisición de un colectivo marca Volvo modelo 2018, destinado al traslado de las jugadoras del club.
Según consta en el expediente judicial, el 27 de noviembre de 2023, pocas semanas antes del cambio de gestión provincial, Ramírez solicitó al entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá la compra de un vehículo de 60 asientos.
La operación se concretó mediante un subsidio estatal de 290 millones de pesos, aprobado en pocos días tras atravesar los circuitos administrativos del Estado provincial.
Sin embargo, una pericia técnica realizada por una martillera pública determinó que el valor real de mercado del vehículo en ese momento era cercano a 114 millones de pesos, lo que arrojaría un presunto sobreprecio de aproximadamente 175 millones.
Este dato es considerado por la Fiscalía como un elemento clave para sostener la hipótesis de fraude a la administración pública.
Un tribunal colegiado y testigos clave
El juicio se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, entre el 16 y el 20 de marzo, ante un tribunal colegiado presidido por el juez Fernando De Viana, acompañado por las vocales Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso.
En el proceso declararán varios ex funcionarios provinciales que participaron en los actos administrativos cuestionados.
Entre los testigos citados figura el propio ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, convocado por la defensa de Ramírez para explicar el decreto que autorizó el millonario subsidio destinado a la compra del colectivo.
También deberán comparecer el ex ministro de Hacienda Pública Eloy Horcajo, el secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, además de técnicos que intervinieron en tasaciones y auditorías contables vinculadas al caso.
Antecedente en la gestión provincial
Con este proceso judicial, Cintia Ramírez se convierte en la segunda funcionaria de alto rango del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en ser juzgada por delitos contra la administración pública.
El antecedente inmediato es el del ex ministro de Seguridad Claudio Latini, quien fue condenado por peculado tras comprobarse que utilizó bienes del Estado para fines personales.
Durante las audiencias, el tribunal analizará la documentación de cada una de las 188 transferencias, además del informe pericial sobre el colectivo Volvo, para determinar si existió un esquema organizado para desviar recursos estatales hacia un proyecto deportivo privado.
