La investigación judicial por la presunta estafa en la venta de terrenos que afectó a más de 30 familias de Villa Mercedes continúa sumando elementos que podrían ampliar el alcance de la causa. Según fuentes vinculadas al expediente, un ex funcionario con formación en agrimensura sería señalado como el “datero” dentro de una presunta asociación ilícita dedicada a la venta irregular de tierras.
La información ya se encuentra en conocimiento del fiscal Leandro Estrada, quien encabeza la investigación del caso que conmocionó a la ciudad. En paralelo, en las últimas horas fue detenida Maité Reina del Portugal Escudero, señalada como la principal responsable de la maniobra, acusada de haber vendido más de 50 terrenos que en realidad pertenecían al Estado municipal.
De acuerdo con la investigación, la mujer habría comercializado lotes de aproximadamente 500 metros cuadrados por valores cercanos a los 15 millones de pesos, asegurando a los compradores que tenía derechos posesorios sobre el predio. Sin embargo, esos terrenos formaban parte de tierras municipales que habían sido cedidas al Gobierno provincial para la construcción de unas 300 viviendas sociales, lo que dejó a decenas de familias en una situación dramática.
El caso salió a la luz cuando maquinaria del Gobierno ingresó al predio para iniciar tareas de preparación del terreno y aparecieron personas que aseguraban haber comprado los lotes e incluso algunas ya habían comenzado a construir.
Ahora, con el avance de la causa, la Justicia intenta determinar si Escudero actuó sola o si existía una estructura organizada que aportaba información clave sobre la situación de las tierras. En ese contexto, surge la figura de un ex funcionario agrimensor que habría brindado datos sobre parcelas y su ubicación, lo que habría facilitado la venta irregular de los lotes.
El perjuicio económico estimado supera los 500 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de una maniobra que terminó destruyendo el sueño de la casa propia para decenas de familias que habían invertido sus ahorros, créditos e incluso bienes personales para acceder a un terreno.
Mientras tanto, las familias damnificadas siguen reclamando que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables, y que se esclarezca si detrás de la estafa existió una red organizada que operaba con información privilegiada sobre tierras públicas.
