La discusión sobre las falsas denuncias en la Argentina volvió al centro del debate público a partir de distintos proyectos legislativos que buscan endurecer las penas. La iniciativa genera posiciones encontradas: mientras algunos sostienen que es necesario sancionar con mayor firmeza este tipo de conductas, otros advierten que podría desalentar denuncias reales, especialmente en casos sensibles como violencia o abuso.
En diálogo con este medio, el abogado Gustavo Correa analizó el escenario actual y planteó los principales ejes de una discusión que involucra tanto al sistema judicial como a la sociedad en su conjunto.
¿Qué se considera una falsa denuncia?
Uno de los puntos centrales del debate es la definición jurídica del término. Según explicó Correa, no toda denuncia que no logra comprobarse es falsa.
“El concepto de falsa denuncia implica introducir pruebas falsas o promover un falso testimonio desde el inicio. Es muy distinto a un hecho que no se puede probar”, aclaró.
Esta distinción resulta clave para evitar confusiones y garantizar que quienes denuncian hechos reales, aunque no puedan acreditarse, no sean penalizados injustamente.
Casos emblemáticos y antecedentes
El abogado mencionó como ejemplo el caso del ex diputado sanjuanino Eduardo Cáceres, denunciado en 2018 por su entonces pareja. En un primer momento, la causa avanzó con respaldo judicial, pero posteriormente pericias forenses y evidencia digital determinaron que las lesiones denunciadas no correspondían a una agresión, sino a una práctica estética.
El legislador fue finalmente sobreseído, en un caso que expuso la complejidad de este tipo de situaciones y el impacto que pueden tener tanto en el ámbito judicial como político.
Proyectos para endurecer penas
En los últimos años se presentaron iniciativas legislativas para incrementar las sanciones por falsas denuncias. Entre ellas, se destaca un proyecto impulsado en 2024 por el diputado mendocino Adolfo Bermejo Aveiro, que propone elevar las penas hasta 10 años de prisión.
Además, existen antecedentes como el denominado “Proyecto Alejo”, vinculado a un caso de violencia en el que un joven fue asesinado por su pareja, lo que abrió el debate sobre la denominada “violencia de género inversa”, un concepto que también genera controversias.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas propuestas logró consolidarse plenamente en el ámbito legislativo.
El rol de la Justicia y las pruebas
Otro de los aspectos señalados por Correa es el peso que tienen actualmente ciertos elementos probatorios dentro del proceso judicial, como la Cámara Gesell en casos que involucran a menores.
Según explicó, en algunos escenarios el sistema podría estar sobrerrepresentando determinados informes psicológicos, lo que —a su criterio— puede afectar el equilibrio del proceso y el derecho de defensa.
“Es necesario complementar esas evaluaciones con otros medios de prueba y evidencia, para evitar decisiones basadas en interpretaciones aisladas”, sostuvo.
Un debate que interpela a la sociedad
El análisis también puso el foco en el cambio de percepción social. De acuerdo al especialista, existe una mayor aceptación de que pueden existir denuncias falsas, aunque remarcó que se trata de un fenómeno minoritario frente a la magnitud de los casos reales.
En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de avanzar con leyes más duras sin un enfoque equilibrado: “El desafío es proteger a las víctimas reales, pero también garantizar que ninguna persona inocente sea condenada injustamente”.
El debate, lejos de resolverse, continúa abierto y atraviesa aspectos jurídicos, sociales y culturales que requieren un abordaje integral.
Entrevista: Daniel Arce | VMI Radio 88.1 FM
