La Justicia de San Luis resolvió este viernes dictar la prisión preventiva por 90 días para Mayte Reyna del Portugal Escudero, acusada de vender de manera fraudulenta terrenos municipales en Villa Mercedes. Además, la imputación fue ampliada a 20 hechos de estafa en concurso real.
La medida fue dispuesta por la jueza Natalia Pereyra Cardini, quien rechazó el pedido de la defensa para otorgar la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. La magistrada consideró que existen riesgos procesales, como el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Ampliación de la imputación y nuevas denuncias
Durante la audiencia, el fiscal Leandro Estrada informó que se sumaron nuevas denuncias contra la acusada. En ese marco, los 15 hechos inicialmente imputados el 13 de marzo fueron ampliados a un total de 20 estafas.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que surgieron elementos que podrían involucrar a otras personas en la maniobra, por lo que no se descartan nuevas imputaciones en el avance de la causa.
Argumentos de la Justicia
Al momento de resolver, la jueza sostuvo que existen elementos suficientes para considerar, de manera provisoria, la participación de la imputada en los delitos investigados.
También remarcó la falta de arraigo, la incertidumbre sobre su domicilio real y la ausencia de un trabajo estable, factores que influyeron en la decisión de ordenar su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.
Restitución de los terrenos y avance de viviendas sociales
En paralelo, la magistrada dispuso la restitución de los terrenos al Estado, con el objetivo de reactivar el proyecto de viviendas sociales que había quedado paralizado a fines de febrero tras el conflicto.
La resolución aclara que esta medida no afecta posibles derechos posesorios que puedan discutirse en el ámbito civil.
Asimismo, la jueza intimó a quienes realizaron cerramientos en los terrenos —como alambrados o estructuras precarias— a retirarlos de manera pacífica. No obstante, dejó en claro que las viviendas ya construidas, incluso de carácter precario, no serán removidas.
Medidas patrimoniales
Para garantizar la reparación del daño, la Justicia también ordenó la inhibición de bienes de la imputada, en el marco de la causa que continúa en etapa investigativa.
