Historia I: La carta que no se puede borrar
En 1978, veinticuatro vecinos de la provincia de San Luis enviaron una carta al entonces almirante Emilio Eduardo Massera, miembro de la Junta Militar de Gobierno. En ella solicitaban al gobierno dictatorial la “investigación exhaustiva” y el “castigo ejemplar” de presuntas negociaciones vinculadas a organizaciones subversivas.
Entre los firmantes no había un ciudadano cualquiera. La carta acusaba al ex diputado radical Arturo Negri, a un ministro del gobierno constitucional depuesto en 1976 y a otro funcionario, de tener relaciones con movimientos “subversivos”. Negri calificó a Rodríguez Saá como “un personaje siniestro” que “ahora se rasga las vestiduras con el tema de los derechos humanos.”
El ex diputado dijo que el exgobernador de San Luis, “era el ideólogo” de las delaciones porque “quería ser referente del partido que quería formar Massera.”
No se trata de una acusación menor ni de un rumor político. Esta carta a Massera fue presentada en el juicio por Delitos de Lesa Humanidad que se llevó a cabo en el año 2009 en la provincia de San Luis, fue reconocida e incorporada al expediente.
La APDH San Luis señaló que Alberto Rodríguez Saá “fue un verdadero colaboracionista del accionar criminal de la Junta Genocida”, y concluyeron con su principio histórico: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.”
Historia II: La mentira fabricada hoy, 24 de marzo de 2026
Cincuenta años exactos después del golpe, El Diario de la República —medio cuya sociedad propietaria (Payné S.A.) está vinculada a Rodríguez Saá— publicó hoy una columna de opinión con una afirmación taxativa: que el Gobierno provincial sacó del calendario escolar el acto por el Día de la Memoria, y que al leer el Decreto N° 22477-ME-2025 “notaron con dolor que el 24 de marzo ha sido despojado de su carácter de ACTO ESCOLAR.”
El problema es que esa afirmación es falsa. Y la prueba está en el propio decreto que citan.
El decreto 22477-ME-2025 del Ministerio de Educación de San Luis, adjunto en esta nota, enumera explícitamente las efemérides del calendario escolar. Allí, en el mes de marzo, puede leerse con total claridad:
“24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.”
La fecha no fue eliminada. Está escrita en negro sobre blanco en el documento oficial que el propio artículo menciona como fuente. La nota no comete un error de interpretación: construye una falsedad citando como prueba el mismo documento que la desmiente.
La operación política: quién gana con esta confusión
La maniobra tiene una lógica difícil de ignorar. En el aniversario número 50 del golpe, cuando los focos naturalmente se dirigen a revisar las complicidades civiles con la dictadura, un medio vinculado a uno de los colaboradores civiles documentados de ese régimen publica una nota que:
- Genera indignación falsa dirigida al gobernador Claudio Poggi, adversario político del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
- Convoca la atención de los organismos de derechos humanos hacia un conflicto inventado con el gobierno actual.
- Desplaza el foco de lo que esta fecha debería iluminar: la carta de 1978 firmada por Alberto Rodríguez Saá pidiendo “castigos ejemplares” a compatriotas que luego fueron torturados y desaparecidos.
No es casualidad de timing. Es precisamente hoy, en el 50° aniversario, cuando esa carta debería estar en el centro del debate público en San Luis. En cambio, gracias a esta nota falsa, el debate se convierte en si Poggi respeta o no la memoria.
La desinformación no siempre busca que la gente crea una mentira. A veces solo necesita crear suficiente ruido para que la verdad incómoda quede sepultada bajo la polémica fabricada.
