La Justicia en lo Penal Económico resolvió procesar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, junto a otros dirigentes, en una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes impositivos y de seguridad social.
El juez Diego Amarante dispuso en las últimas horas el procesamiento sin prisión preventiva de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos, en esta etapa inicial, con el delito de retención indebida de aportes.
En el mismo fallo, el magistrado ordenó un embargo de 350 millones de pesos sobre los principales imputados, como parte del avance de una investigación que apunta a presuntas irregularidades en el manejo de fondos dentro de la AFA.
Además, la resolución establece que los dirigentes no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin informar previamente al tribunal. En ese marco, Tapia deberá solicitar autorización judicial si pretende asistir al partido amistoso que la Selección Argentina disputará en La Bombonera frente a Zambia, en lo que sería uno de los últimos encuentros de Lionel Messi con la camiseta nacional.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estima una presunta evasión y retención de fondos superior a los 19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.
Desde la defensa de los dirigentes sostienen que el expediente “carece de tipicidad” y niegan la existencia de delito. Sin embargo, la Justicia decidió mantener la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus indagatorias optaron por presentar escritos sin responder preguntas.
Hasta el momento, Tapia no realizó declaraciones públicas tras el procesamiento. Su última aparición fue el domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión” al frente de la AFA, destacando logros deportivos y un supuesto equilibrio económico, en medio de la investigación judicial en curso.
El expediente, que tramita en el fuero Penal Económico, investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en concepto de retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
