El Tribunal de Impugnación confirmó de manera unánime la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal Escudero, acusada de liderar una presunta maniobra de estafas inmobiliarias en el barrio Familia Unida de Villa Mercedes. La imputada continuará detenida durante 90 días en el Servicio Penitenciario Provincial.
La resolución ratifica la decisión adoptada previamente por la jueza de Garantías, Natalia Pereyra Cardini, y desestima el pedido de la defensa, que había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.
Rechazo a la domiciliaria y riesgos procesales
El tribunal integrado por Hernán Herrera, María Bocca y Marcelo Bustamante Marone consideró que no existen fundamentos suficientes para modificar la modalidad de detención.
En ese sentido, los magistrados destacaron que persisten riesgos procesales, principalmente vinculados al posible entorpecimiento de la investigación y la eventual influencia de la imputada sobre testigos o personas involucradas en la causa.
Una causa en expansión
El fallo también remarca que la investigación se encuentra en una etapa clave, con la aparición constante de nuevas denuncias. Actualmente, la imputación alcanza 20 hechos de estafa en concurso real, aunque inicialmente eran 15.
El fiscal Leandro Estrada advirtió que el número de damnificados podría superar las 50 personas, a medida que avance la recolección de pruebas y se formalicen nuevas presentaciones.
La maniobra investigada
Según la hipótesis fiscal, Reyna del Portugal Escudero encabezaba una operatoria basada en la venta irregular de terrenos municipales, utilizando la figura de una supuesta “cesión de derechos de posesión veinteañal”.
Los lotes, de aproximadamente 500 metros cuadrados, eran ofrecidos a valores cercanos a los 15 millones de pesos o 10.000 dólares, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para decenas de familias.
Impacto social en Villa Mercedes
El caso generó fuerte repercusión social en Villa Mercedes, debido a que muchas de las personas afectadas buscaban acceder a un terreno propio en un contexto de déficit habitacional.
Con esta decisión, la Justicia busca garantizar el normal avance del proceso y evitar interferencias, en una causa que continúa en desarrollo y podría sumar nuevas imputaciones.
