La decisión del Gobierno de El Salvador de avanzar con un endurecimiento del sistema penal marcó un nuevo punto de debate a nivel internacional. El presidente Nayib Bukele promulgó una ley que permitirá aplicar la cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años, en el marco de reformas constitucionales que entrarán en vigencia el próximo 26 de abril.
Las modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador y publicadas en el Diario Oficial. Entre los principales cambios, se establece que los menores podrán recibir penas de prisión perpetua en casos de delitos graves como homicidio, feminicidio y violación.
Además de la reforma constitucional, los legisladores introdujeron cambios en múltiples normativas, incluyendo el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
En ese contexto, también se modificó la Ley Orgánica Judicial, lo que implica que algunos juzgados de menores serán reconvertidos en tribunales de lo criminal, habilitados para intervenir en estos casos. La normativa contempla, a su vez, un mecanismo de revisión de las condenas a cadena perpetua.
Cuestionamientos de organismos internacionales
Diversas organizaciones internacionales manifestaron su preocupación ante el alcance de las reformas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Comité de los Derechos del Niño advirtieron que las medidas podrían contradecir estándares internacionales en materia de justicia juvenil.
Según señalaron, los adolescentes en conflicto con la ley deberían recibir un tratamiento que priorice la rehabilitación y reintegración social, y que la privación de la libertad sea el último recurso y por el menor tiempo posible.
En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades salvadoreñas a revisar las reformas, al considerarlas “preocupantes”.
Contexto: seguridad y estado de excepción
Las reformas se enmarcan en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022, que permitió al Gobierno implementar una política de seguridad más estricta frente a las pandillas.
Según datos oficiales, más de 90.000 personas fueron detenidas en los últimos años, aunque el Ejecutivo sostiene que aproximadamente un 10% fue liberado tras revisiones judiciales.
Mientras organismos como Human Rights Watch denuncian detenciones arbitrarias y posibles vulneraciones a derechos humanos —incluyendo casos de menores—, el Gobierno asegura que estas medidas fueron clave para lograr una fuerte reducción de la tasa de homicidios.
El respaldo social a la política de seguridad se refleja en el resultado electoral: en febrero de 2024, Bukele fue reelegido con más del 80% de los votos, consolidando su liderazgo en el país.
