La escalada de amenazas en instituciones educativas de la provincia de San Luis encendió las alarmas judiciales y educativas. Según confirmó la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, ya se registraron cerca de 30 denuncias, con múltiples casos en los que se logró identificar a los responsables.
La funcionaria judicial detalló que en al menos cinco establecimientos se individualizó a los autores, todos menores de edad, lo que motivó la remisión de los expedientes a la fiscalía especializada en niñez y adolescencia.
“Ya llevamos cerca de 30 denuncias aproximadamente. Seguimos con el mismo proceder y se han identificado responsables menores”, explicó Maluf, al referirse al avance de las investigaciones.
Casos detectados en distintas instituciones
Entre los hechos confirmados, se encuentra un alumno de 15 años en el Instituto Santo Tomás de Aquino. En el Colegio N°35 Caminos del Peregrino II, fueron identificados tres menores: dos de 12 años y uno de 13.
También se detectó a un niño de 10 años como autor de amenazas en la Escuela Autogestionada EPA N°11 “Dr. Carlos Juan Rodríguez”, mientras que en la Escuela Senador Alfredo Bertín, en El Trapiche, el responsable sería un estudiante de segundo año.
Otro caso corresponde al Colegio N°12 “Dr. Ramón Carrillo”, donde se identificó a un adolescente de 14 años.
Todos estos expedientes fueron derivados a la fiscalía especializada, en función de la edad de los involucrados y el abordaje legal específico que requieren este tipo de situaciones.
Sanciones educativas: pérdida de las Estampillas
En paralelo al avance judicial, el Ministerio de Educación de San Luis informó que más de 30 estudiantes fueron sancionados con la pérdida del beneficio de las Estampillas Escolares, tras comprobarse su vinculación con amenazas en establecimientos educativos.
La medida fue adoptada en articulación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, como parte de un esquema de intervención conjunta.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas conductas no constituyen una broma, sino que pueden encuadrarse en delitos como amenazas e intimidación pública.
Protocolos activados y respuesta institucional
Ante cada denuncia, se activan protocolos que implican la intervención coordinada de autoridades judiciales, educativas y de seguridad. Entre las acciones se incluyen consignas policiales preventivas en las instituciones afectadas.
Las escuelas aplican la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (Guiarse), que contempla más de 70 protocolos destinados a actuar con rapidez y resguardar a la comunidad educativa.
Este fenómeno, que también se registra en otras provincias del país, mantiene en alerta a las autoridades y obliga a reforzar los mecanismos de prevención.
Consecuencias legales y responsabilidad de los adultos
La fiscal Linda Maluf subrayó que este tipo de amenazas están tipificadas en el Código Penal, incluso cuando son planteadas como bromas.
En ese sentido, advirtió que los adolescentes pueden quedar sujetos a procesos judiciales, mientras que los padres o tutores podrían enfrentar consecuencias en el ámbito civil o contravencional.
“Bajo ningún punto de vista se trata de una broma, porque esto trae consecuencias legales graves”, concluyó la funcionaria.
