El Gobierno nacional remitió al Senado un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar el marco normativo y mejorar la respuesta del sistema ante el aumento de problemáticas complejas. Sin embargo, distintas provincias expresaron reparos y cuestionamientos sobre aspectos centrales de la iniciativa.
La propuesta será analizada en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde participan funcionarios nacionales junto a los ministros de Salud de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se prevé la presentación formal del proyecto y el intercambio con las jurisdicciones.
Objeciones provinciales: financiamiento, federalismo y acceso
Las críticas surgieron tras el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en la provincia de Buenos Aires, donde autoridades sanitarias provinciales y municipales manifestaron su rechazo a la reforma.
Desde el Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, señalaron que la situación en salud mental atraviesa un escenario crítico, con un aumento del 77% en internaciones y del 134% en la demanda ambulatoria durante 2025, lo que tensiona al sistema público.
Los representantes de las provincias cuestionaron que el proyecto “no fue consultado con las jurisdicciones”, lo que —según indicaron— implica una vulneración del federalismo sanitario. Además, advirtieron que la iniciativa podría significar un retroceso en derechos, al modificar esquemas de financiamiento, introducir nuevas barreras de acceso y debilitar el enfoque comunitario vigente.
En ese contexto, reclamaron la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) como ámbito de debate institucional y construcción de políticas públicas.
Del encuentro participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
Qué propone la reforma impulsada por el Gobierno
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, busca modificar criterios de diagnóstico, intervención e internación en salud mental.
Entre los cambios más relevantes, se propone reemplazar el término “padecimiento mental” por “trastornos mentales o del comportamiento”, en línea con estándares internacionales. También redefine el criterio de internación, focalizándolo en situaciones de riesgo para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
La iniciativa mantiene la internación como medida excepcional, pero establece que en casos urgentes podrá ser indicada por un psiquiatra, con ratificación interdisciplinaria dentro de las 24 horas y notificación judicial en el mismo plazo. Además, contempla que internaciones voluntarias puedan convertirse en involuntarias bajo determinadas condiciones clínicas.
Desde el Gobierno del presidente Javier Milei sostienen que la reforma responde a dificultades en la aplicación de la normativa actual, entre ellas la desigualdad en el acceso a servicios y la falta de criterios unificados en todo el país.
Un sistema fragmentado y bajo presión
Según datos oficiales, solo 16 de las 24 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, y el sistema cuenta con 30 instituciones públicas monovalentes y 139 privadas, lo que evidencia una estructura fragmentada.
El proyecto también reconoce que el cierre total de hospitales psiquiátricos —previsto en la legislación actual— enfrenta limitaciones operativas y de seguridad, por lo que propone fortalecer una red integrada con hospitales generales, dispositivos especializados, atención ambulatoria y residencias asistidas.
Además, se plantea reforzar los sistemas de información como el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud), con el objetivo de optimizar la planificación de recursos y la distribución de camas.
Mientras el debate comienza en el Senado, el eje central estará puesto en cómo equilibrar la actualización normativa con el respeto al federalismo sanitario y la garantía de derechos en el acceso a la salud mental.
