La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) manifestó su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que las medidas propuestas podrían implicar un retroceso en materia de derechos y acceso a la atención.
En un comunicado difundido el 27 de abril de 2026, la entidad sostuvo que, bajo el argumento de una actualización normativa, la iniciativa introduce cambios que “restringen derechos, generan confusión y debilitan la red comunitaria”, además de reintroducir lógicas asociadas al modelo manicomial.
Cuestionamientos a cambios clave de la reforma
Uno de los puntos más críticos señalados por la AASM es la exclusión de los usuarios del sistema de salud mental del Órgano de Revisión, lo que, según la entidad, representa un “grave retroceso” en términos de participación y derechos. En ese sentido, reafirmaron el principio: “Nada de nosotros, sin nosotros”.
Otro aspecto cuestionado es la modificación del concepto de “padecimiento mental”, que sería reemplazado por categorías más restrictivas como “afección o trastorno”. Para la organización, esto podría dejar fuera de cobertura a situaciones de sufrimiento psíquico que no encuadran en diagnósticos clínicos formales, reduciendo el alcance de la ley.
Internaciones involuntarias y acceso a la atención
El comunicado también advierte sobre nuevas exigencias en casos de internaciones involuntarias, como la obligatoriedad de la firma de un médico psiquiatra y el cambio en los criterios de riesgo. La entidad señala que estas modificaciones podrían generar demoras y obstáculos, especialmente en regiones con escasez de profesionales especializados.
Según la asociación, este escenario impactaría principalmente en el sistema público de salud, ampliando las desigualdades en el acceso a la atención y beneficiando a sectores privados concentrados en grandes centros urbanos.
Red comunitaria y rol del Estado
La AASM también cuestiona la eliminación de referencias a instrumentos internacionales y a dispositivos mínimos de la red comunitaria, elementos que actualmente forman parte del enfoque de derechos humanos de la ley vigente.
En ese marco, advierten sobre un posible corrimiento del Estado en su rol de garante, con una transferencia de responsabilidades hacia las familias y una reducción de compromisos de financiamiento hacia las provincias.
Para la entidad, el problema central no radica en el contenido de la ley actual, sino en su falta de implementación y financiamiento, por lo que consideran que la reforma no aborda las necesidades estructurales del sistema.
Pedido al Congreso y llamado a la sociedad
Finalmente, la organización solicitó a los legisladores nacionales el rechazo del proyecto y convocó a la sociedad a exigir el fortalecimiento de la normativa vigente mediante políticas públicas efectivas.
Además, señalaron que una eventual mejora del sistema debería contemplar problemáticas actuales como la violencia escolar, el bullying, las apuestas online y los riesgos en entornos digitales, junto con estrategias de prevención y alfabetización.
