El Gobierno nacional oficializó un fuerte recorte presupuestario en el área educativa al reducir partidas por más de $78.768 millones destinadas a programas de la Secretaría de Educación, además de suspender transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo Nacional junto a las modificaciones presupuestarias de la administración pública.
Según la planilla anexa de gastos, el ajuste más importante recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de $35.288.051.713. El recorte afectó principalmente las transferencias directas destinadas a las provincias para la ejecución del programa.
Otro de los puntos destacados fue la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, con una poda de $8.929.835.294. Este mecanismo tenía como objetivo equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales en distintos puntos del país.
Además, el Gobierno avanzó con una reducción de $21.686.636.818 en infraestructura escolar y equipamiento educativo. A eso se sumó un recorte de $6.649.536.538 en el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que incluyó una baja superior a $559 millones en becas estudiantiles.
En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. también quedó alcanzada por la reestructuración presupuestaria. De acuerdo con la documentación oficial difundida y relevada por la agencia Noticias Argentinas, perdió transferencias por un total consolidado de $48.000 millones.
Universidades nacionales afectadas por la poda presupuestaria
El ajuste también impactó sobre las universidades públicas. El anexo oficial detalló una reducción de $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece universidades nacionales.
Entre las casas de estudio más perjudicadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, con un recorte de $1.043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con una reducción de $700 millones.
También se registraron bajas presupuestarias en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680,5 millones menos, y en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que perdió $540 millones para obras e infraestructura.
La decisión se da en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, marcado durante el último año por reclamos salariales, protestas estudiantiles y pedidos de actualización presupuestaria por parte de rectores y gremios docentes.
