Dos mujeres fueron imputadas este martes en la ciudad de Villa Mercedes por el presunto delito de estafa procesal, en una investigación que analiza la continuidad de una ejecución hipotecaria sobre una deuda que, según la acusación, ya había sido cancelada años atrás.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini, donde se formularon cargos contra María Beatriz Pereyra y Beatriz Catalina Viotto. La investigación está encabezada por el fiscal Maximiliano Bazla.
Qué investiga la Fiscalía
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, las imputadas habrían continuado una acción civil destinada a ejecutar una deuda hipotecaria que ya había sido saldada, lo que configuraría una maniobra de estafa procesal.
Este delito consiste en utilizar engaños, documentación presuntamente irregular o elementos falsos para inducir a error a un juez y obtener una resolución judicial que provoque un perjuicio económico.
Según la causa, en noviembre de 1992 se constituyó una hipoteca sobre cinco inmuebles por un monto de 75 mil dólares. Años después, en el 2000, esos inmuebles fueron vendidos manteniéndose formalmente vigente la garantía hipotecaria.
Sin embargo, la investigación sostiene que en 2010 el padre de las imputadas reconoció que la deuda había sido cancelada por el último comprador. A pesar de ello, ese mismo año inició una demanda civil para ejecutar nuevamente la hipoteca.
Tras el fallecimiento del hombre, sus hijas y su esposa continuaron con el proceso judicial de ejecución hipotecaria.
Una subasta judicial suspendida
El expediente avanzó hasta llegar a una sentencia de subasta de uno de los inmuebles involucrados. No obstante, la medida fue frenada luego de que el damnificado promoviera una acción judicial donde informó que la deuda ya había sido cancelada.
Para la Fiscalía, el hecho de continuar impulsando el cobro pese a tener conocimiento de la cancelación es lo que constituye la presunta maniobra fraudulenta.
La postura de la querella
El abogado querellante Roberto Pereyra explicó que la figura de estafa procesal “no es una estafa común”, sino una conducta orientada a engañar al juez para obtener una resolución basada en documentación o pruebas inválidas.
“El sujeto engañado es el juez, porque se busca que dicte una sentencia que no se ajusta a la realidad jurídica”, sostuvo.
El letrado afirmó además que durante el expediente civil se habrían presentado documentos “inhábiles” y que incluso se habría ocultado una escritura donde figuraba la cancelación total de la deuda hipotecaria.
“Se intentó cobrar dos veces la misma deuda”, aseguró.
Pereyra también señaló que la causa podría transformarse en un antecedente importante para futuras ejecuciones hipotecarias y remarcó la necesidad de extremar controles sobre la documentación presentada en este tipo de procesos judiciales.
El planteo de la defensa
Durante la audiencia, el abogado defensor Bautista Rivadera solicitó que se dejara sin efecto la formulación de cargos o que se postergara el tratamiento del caso.
La defensa sostuvo que primero debía resolverse la cuestión civil antes de avanzar con la investigación penal y planteó la denominada “prejudicialidad”.
Sin embargo, la jueza rechazó ese pedido al considerar que existieron negocios jurídicos basados en engaños y admitió formalmente los cargos contra las imputadas.
Además, instó a las partes a explorar una posible solución alternativa del conflicto mediante mecanismos de reparación integral.
Quiénes participaron de la audiencia
La audiencia contó con la participación de la secretaria Daniela López Martin.
Por la Fiscalía intervino Maximiliano Bazla y por la querella actuó Roberto Pereyra.
La defensa estuvo representada por los abogados Bautista Rivadera y Guillermo Carrió.
Cabe recordar que en esta misma investigación ya existe otra persona imputada.
