La decisión fue adoptada por el juez Nicolás Coppola y se fundamentó en una situación familiar vinculada a un hijo adolescente. La mujer está imputada por torturas seguidas de muerte en la causa que investiga el fallecimiento de Florencia Magalí Morales en una comisaría de Santa Rosa del Conlara.
A poco más de un mes de que el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes ordenara su detención e imputación por el delito de torturas seguidas de muerte, Johana Torres obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales.
La medida comenzó a hacerse efectiva este lunes y modifica las condiciones de detención de una de las cuatro ex integrantes de la fuerza policial acusadas por el hecho ocurrido el 5 de abril de 2020 en la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis.
La resolución fue dictada por el juez de Garantía N° 1, Nicolás Coppola, quien tuvo en consideración una situación familiar particular relacionada con un hijo adolescente de la imputada.
La imputación por torturas seguidas de muerte
Torres había sido detenida a fines de abril junto a María Eugenia Argüello, luego de que el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes agravara la acusación contra ambas y las considerara coautoras del delito de torturas seguidas de muerte.
La misma calificación penal alcanza al ex subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y al oficial Marcos Ontiveros, quienes también se encuentran imputados en la causa.
Hasta ese momento, las dos mujeres permanecían en libertad bajo medidas restrictivas. Sin embargo, el Tribunal entendió que debían responder bajo la misma figura penal que los otros acusados y ordenó una prisión preventiva por 90 días.
Un caso que conmocionó a San Luis
La investigación busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida durante las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus.
Morales fue detenida por un presunto incumplimiento de las medidas de circulación vigentes y, horas después, apareció sin vida en una celda de la dependencia policial de Santa Rosa del Conlara.
Aunque inicialmente se sostuvo la hipótesis de suicidio, el avance de la investigación derivó en imputaciones por torturas seguidas de muerte contra los cuatro acusados.
El hecho ocurrió durante la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, cuando el área de Seguridad dependía del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, encabezado por Fabián Filomena, mientras que Luciano Anastasi se desempeñaba como viceministro.
Continúan los reclamos y hay otro pedido bajo análisis
En las últimas semanas, familiares y allegados de los imputados realizaron diversas manifestaciones en Santa Rosa del Conlara para reclamar su liberación.
Las movilizaciones incluyeron recorridas por las calles de la localidad y concentraciones frente a la dependencia policial donde ocurrieron los hechos.
Por otra parte, la Justicia también analiza una solicitud para que María Eugenia Argüello acceda al mismo beneficio de prisión domiciliaria. Antes de resolver el planteo, deberá realizarse una pericia médica y una audiencia judicial.
