El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ordenó avanzar con una denuncia formal y el pedido de remoción de la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, luego de que dictara una regulación de honorarios profesionales por más de $1.100 millones en una causa vinculada al Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay.
La presentación fue realizada por la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, ante el Jurado de Enjuiciamiento, organismo que ahora deberá analizar la admisibilidad del planteo, resolver el pedido de suspensión preventiva de la magistrada y determinar si corresponde avanzar con un eventual juicio político.
Poggi calificó la decisión como “estrafalaria, desmedida y grotesca”
A través de sus redes sociales, Claudio Poggi cuestionó duramente la resolución judicial y sostuvo que la jueza “ha deshonrado con su conducta el cargo para el cual ha sido nombrada”.
Además, solicitó que el Jurado de Enjuiciamiento actúe “dentro del estado de derecho y la Constitución, pero con la máxima celeridad posible”.
Posteriormente, la Fiscalía de Estado formalizó la denuncia contra la titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, acompañando además un pedido de suspensión preventiva mientras se desarrolla el proceso, con percepción del 50% de su salario, tal como prevé la normativa vigente.
Las acusaciones contra la magistrada
La denuncia sostiene que Fernández Paz incurrió en causales contempladas en la ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.
Entre ellas se mencionan:
- Desconocimiento inexcusable y grave del derecho.
- Incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
- Graves irregularidades procesales que habrían provocado desprestigio al Poder Judicial.
Según la presentación, la jueza habría modificado arbitrariamente la naturaleza de una causa ambiental de monto indeterminado para asignarle un valor económico que permitió una regulación extraordinaria de honorarios.
El origen del conflicto: la causa por el Parque Acueducto Vulpiani
La controversia se relaciona con el proyecto impulsado durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
El 12 de abril de 2023, mediante decreto provincial, se puso en marcha una obra en el Parque Acueducto Vulpiani, adjudicada a la empresa Serving SRL.
La iniciativa contemplaba una intervención sobre más de 12 hectáreas, con espacios comerciales, oficinas, senderos, miradores, un teatro al aire libre, juegos infantiles y una pasarela, entre otras instalaciones.
La inversión proyectada alcanzaba los $1.820.823.419,69.
Posteriormente, la denominada Asamblea Ciudadana por el Vulpiani promovió una acción judicial ambiental contra el Gobierno provincial y otros demandados.
La regulación de honorarios cuestionada
El eje de la denuncia se centra en una resolución interlocutoria dictada el 2 de marzo de 2026, mediante la cual la jueza estableció como base regulatoria 93.000 JUS.
De acuerdo con la Fiscalía, ese cálculo equivale actualmente a $3.996.537.360.
Sobre esa base, Fernández Paz reguló honorarios por $1.198.961.208 a favor de los abogados de la parte actora, Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevich.
La Fiscalía sostiene que existe una contradicción en el razonamiento judicial, ya que previamente la propia magistrada había considerado que se trataba de un proceso de monto indeterminado por corresponder a una acción preventiva ambiental.
Sin embargo, luego asignó al expediente un valor económico equivalente a más del doble del presupuesto original de una obra que finalmente no llegó a ejecutarse.
Un cambio de criterio que también fue cuestionado
Otro de los argumentos centrales de la denuncia señala que en mayo de 2025 la jueza había resuelto regular honorarios por 45 JUS para cada profesional, entendiendo que el expediente era asimilable a un amparo de monto indeterminado.
Posteriormente, dejó sin efecto ese criterio y avanzó con la regulación millonaria ahora cuestionada.
Para la Fiscalía, esa modificación carece de sustento legal y se aparta de la normativa vigente, además de ignorar antecedentes jurisprudenciales y principios establecidos en la Ley de Honorarios, el Código Civil y Comercial y fallos del Superior Tribunal de Justicia.
El pedido de suspensión preventiva
La fiscal Fabiana Zárate argumentó que la gravedad institucional del caso, el elevado impacto económico de la resolución y la necesidad de preservar la confianza pública en el sistema judicial justifican la suspensión preventiva de la magistrada mientras se sustancia el proceso.
Además, destacó que actualmente existen 37 causas judiciales en trámite ante el juzgado a cargo de Fernández Paz en las que el Estado provincial es parte, situación que —según la denuncia— podría afectar los intereses públicos mientras se analiza la conducta de la magistrada.
El impacto económico señalado por la Provincia
En la presentación, la Fiscalía buscó dimensionar el alcance económico de la regulación cuestionada.
Según el escrito, el monto de los honorarios equivale aproximadamente a:
- 39 patrulleros policiales.
- 78 motocicletas para la Policía.
- 18 viviendas familiares.
- 11 ambulancias de mediana complejidad.
- 1.651 chalecos antibalas.
- 2.173 sillas de ruedas.
- 809 camas ortopédicas.
- 69 respiradores artificiales.
Otras causas mencionadas en la denuncia
La presentación también hace referencia a otros expedientes en los que, según la Fiscalía, existiría un patrón de conducta similar por parte de la jueza.
Entre ellos figura una causa relacionada con San Jorge Cereales y Hacienda S.A. y distintos procesos de ejecución prendaria promovidos por Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, cuyas resoluciones fueron posteriormente revisadas por instancias superiores.
Asimismo, se incorporó como antecedente el expediente JUR 95/26, iniciado a partir de una denuncia previa presentada por el abogado Abel Zárate contra la misma magistrada.
Con la denuncia ya formalizada, el Jurado de Enjuiciamiento deberá resolver en las próximas etapas si admite el planteo, si dispone la suspensión preventiva solicitada y si corresponde abrir el proceso que podría culminar con la remoción de la jueza.
