La Justicia provincial imputó al exdirector de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, por el delito de peculado, en el marco de una investigación que analiza un presunto faltante de más de 74.000 litros de gasoil, maquinaria estatal encontrada en propiedades privadas, equipos desaparecidos y otras irregularidades detectadas mediante auditorías realizadas por la actual gestión del Gobierno de San Luis.
La formulación de cargos fue realizada por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, junto al fiscal adjunto Juan Díaz Estupiñán. A la acusación adhirió el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.
Tras escuchar los planteos de las partes, la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, hizo lugar a la imputación en todos sus términos. Además, declaró la causa como compleja, lo que permitirá extender la Investigación Penal Preparatoria por seis meses.
Como medidas cautelares, dispuso la inhibición general de bienes del imputado mientras dure la investigación, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente para firmar el libro correspondiente.
La investigación comenzó tras auditorías internas
La causa se originó a partir de auditorías realizadas por la actual administración provincial y de una denuncia impulsada por la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, en conjunto con la Fiscalía de Estado.
Durante la audiencia, Assat Alí sostuvo que los informes revelaron una serie de irregularidades que, según la acusación, exceden errores administrativos y evidencian una posible administración irregular de recursos públicos.
Un faltante de más de 74 mil litros de gasoil
El eje principal de la investigación está vinculado al consumo de combustible.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, durante 2023 Vialidad Provincial habría utilizado 74.631,77 litros de gasoil por encima del cupo autorizado mediante el Decreto N°10964/22.
La Fiscalía estimó de manera preliminar que ese exceso representa un perjuicio económico superior a 73 millones de pesos, aunque aclaró que el monto podría incrementarse cuando concluyan las pericias contables.
“No solo es el consumo de combustible sino también otras irregularidades. Si bien estimamos los $73 millones de afectación, esa cifra deberá actualizarse e incorporar la falta de insumos y de unidades que no fueron encontradas”, sostuvo el fiscal.
Según la investigación, los registros muestran consumos extraordinarios en determinados períodos, algunos de ellos coincidentes con competencias automovilísticas de rally, donde se habrían detectado picos inusuales en las cargas de combustible.
Equipos desaparecidos y maquinaria fuera de dependencias oficiales
La acusación también incluye la desaparición de diversos bienes pertenecientes a Vialidad Provincial.
Entre los elementos que no fueron hallados figuran cinco radios VHF, cinco antenas magnéticas, dos módems-router 4G, una notebook asignada a García Quiroga y distintos repuestos para vehículos.
Además, los relevamientos reflejaron que más del 60% del parque automotor del organismo estaba fuera de funcionamiento. Sin embargo, continuaban registrándose consumos de combustible y otros gastos asociados a algunas de esas unidades.
La Fiscalía también advirtió que se abonaban seguros de vehículos que permanecían fuera de servicio y que cerca del 90% de las cargas de combustible se realizaban en una misma estación de servicio denominada Don Cruz.
Maquinaria estatal encontrada en propiedades privadas
Otro de los puntos centrales de la investigación es el hallazgo de maquinaria perteneciente al Estado en predios privados.
Según expuso la Fiscalía, durante distintas inspecciones se encontró un rodillo OMAG/BW211D4 en Nueva Galia, mientras que otras dos máquinas permanecían abandonadas en un establecimiento rural denominado San Nicolás, ubicado cerca de La Vertiente, en el departamento San Martín.
Para los investigadores, estos hallazgos constituyen uno de los elementos más relevantes para sostener la hipótesis de una administración irregular de bienes públicos.
“Estamos frente a una afectación concreta de bienes que estaban bajo custodia estatal”, afirmó Assat Alí durante la audiencia.
La Fiscalía de Estado respaldó la investigación
El jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, respaldó íntegramente la acusación y consideró que las auditorías permitieron detectar un uso de recursos incompatible con los fines públicos.
Asimismo, sostuvo que, por la magnitud de las presuntas irregularidades, la investigación deberá profundizarse para determinar si existieron otros responsables dentro de la estructura administrativa.
No obstante, el fiscal aclaró que, por el momento, García Quiroga es el único imputado y que la investigación recién comienza.
La defensa rechazó las acusaciones
El exfuncionario optó por no declarar durante la audiencia.
Su abogado defensor, Facundo Sosa, cuestionó la validez de las auditorías utilizadas por la Fiscalía al sostener que fueron elaboradas por organismos dependientes del actual Gobierno provincial.
También afirmó que las observaciones corresponden al ámbito administrativo y no configuran un delito penal, además de remarcar que todavía no existe una determinación definitiva del supuesto perjuicio económico ni pruebas de una apropiación personal de bienes públicos.
El defensor calificó la causa como una “persecución política” y sostuvo que Vialidad Provincial dependía del Ministerio de Obras Públicas, por lo que las decisiones pasaban por instancias superiores.
La causa continuará con nuevas pericias
Al resolver la audiencia, la jueza Luciana Banó consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para superar el umbral requerido en esta etapa inicial del proceso.
La magistrada aclaró que aún no corresponde analizar responsabilidades definitivas, sino verificar la existencia de una hipótesis delictiva razonable que justifique el avance de la Investigación Penal Preparatoria.
Por ese motivo, hizo lugar a todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y declaró la causa compleja debido al importante volumen de documentación, las pericias pendientes y la posibilidad de que surjan nuevos involucrados.
