La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que generó fuerte preocupación dentro del Gobierno de Javier Milei debido al impacto económico que implica y a las críticas internas por la estrategia judicial adoptada.
La resolución representa un revés para la administración nacional, ya que mantiene vigente la obligación de actualizar los fondos destinados a las universidades públicas mientras continúa la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Preocupación por el costo fiscal
De acuerdo con información de fuentes oficiales, en el oficialismo estiman que el cumplimiento de la ley demandaría alrededor de 1,3 billones de pesos, un monto que complica el equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya había advertido que no existían partidas presupuestarias suficientes para afrontar esa obligación. Sin embargo, tras el fallo del máximo tribunal, el equipo económico comenzó a revisar las cuentas para evaluar posibles alternativas.
Cuestionamientos internos por la estrategia judicial
La decisión de la Corte Suprema también abrió un fuerte debate dentro de La Libertad Avanza sobre el manejo del conflicto.
Fuentes del oficialismo sostienen que el Ministerio de Capital Humano mantenía conversaciones avanzadas con los rectores de las universidades nacionales para consensuar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, compatible con el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, ese proyecto nunca logró avanzar con rapidez en el Congreso de la Nación, situación que algunos sectores del Gobierno atribuyen a la estrategia impulsada desde el ámbito judicial y parlamentario, que apostaba a una resolución favorable de la Corte.
Según esas versiones, existía la expectativa de que el máximo tribunal otorgara una señal favorable al Ejecutivo, permitiéndole ganar tiempo en la negociación política. Tras conocerse el fallo, ese escenario quedó descartado y crecieron los cuestionamientos hacia los responsables de esa estrategia.
El fallo de la Corte Suprema
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los magistrados consideraron que el recurso presentado por el Estado Nacional era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, la cual no constituye una sentencia definitiva.
De esta manera, la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario o del Decreto 759/25, limitándose exclusivamente a resolver una cuestión procesal.
La decisión mantiene vigente la cautelar mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo del conflicto, en un contexto de alta sensibilidad política y presupuestaria para el Gobierno nacional.
