Las imágenes de Pablo Daniel Quiroga Gómez, conocido como “Lolo”, recorrieron las redes sociales durante los últimos días. Sin embargo, detrás de los videos virales y de los comentarios que generaron, existe una problemática mucho más profunda: la falta de dispositivos eficaces para asistir a personas que atraviesan enfermedades mentales graves y la escasa empatía social frente a este tipo de situaciones.
El abogado penalista, matriculado en la provincia de San Luis, protagonizó en distintas oportunidades episodios de alteración del orden público en Villa Mercedes, algunos de los cuales derivaron en intervenciones policiales y judiciales.
El antecedente más reciente ocurrió a fines de junio de 2026, cuando fue demorado tras causar disturbios y daños en un local gastronómico ubicado en el centro de la ciudad. Según la información difundida en ese momento, el hecho motivó la intervención de la Policía y posteriormente tomó conocimiento la Justicia.
No fue la primera vez. Ya en 2019 había sido detenido en otra causa vinculada a amenazas y daños, un antecedente judicial que volvió a mencionarse tras los hechos recientes.
Mucho más que un episodio policial
Durante los últimos días circularon numerosos videos donde se observa a Quiroga atravesando una evidente crisis: gritando que querían matarlo, pidiendo que lo mataran, desnudándose en la vía pública y trepando al monumento al General José de San Martín.
Para muchas personas esas imágenes fueron simplemente material para la viralización, la burla o el comentario fácil.
Sin embargo, detrás de esas escenas existe una enfermedad.
De acuerdo con allegados y personas que conocen al abogado desde hace años, Pablo Quiroga padece esquizofrenia, un trastorno mental severo que puede provocar episodios de desorganización del pensamiento, delirios, ideas persecutorias y una profunda alteración de la percepción de la realidad cuando la enfermedad se encuentra descompensada.
Quienes lo conocen describen a una persona tranquila fuera de los momentos de crisis, lo que evidencia el fuerte impacto que puede generar una enfermedad mental cuando no existe un tratamiento sostenido o cuando éste se interrumpe.
La salud mental, una problemática creciente
Lo ocurrido en Villa Mercedes trasciende la situación individual de un hombre.
También interpela al sistema sanitario, al Poder Judicial, a los organismos de asistencia social y a toda la comunidad.
Según datos oficiales nacionales, el riesgo de padecer algún trastorno mental alcanza aproximadamente al 9,4% de la población, mientras que los cuadros de ansiedad, depresión y el riesgo suicida muestran niveles superiores a los registrados antes de la pandemia de COVID-19.
Especialistas en salud mental vienen advirtiendo desde hace años sobre el incremento de las consultas, la escasez de recursos humanos especializados y las dificultades para sostener tratamientos de largo plazo.
En muchas ciudades del interior, las familias deben afrontar prácticamente solas situaciones de extrema complejidad, sin equipos interdisciplinarios suficientes, dispositivos de crisis disponibles las 24 horas o mecanismos ágiles de intervención cuando una persona pierde contacto con la realidad.
El desafío de actuar antes de que la crisis se haga pública
Los episodios protagonizados por Quiroga dejan al descubierto una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una persona con una enfermedad mental severa deja de estar contenida?
Con frecuencia, la primera respuesta termina siendo policial o judicial.
Sin embargo, especialistas en salud mental sostienen que muchas de estas situaciones requieren prioritariamente una intervención sanitaria, interdisciplinaria y respetuosa de los derechos de la persona, tal como promueve la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, que establece un abordaje integral, comunitario y basado en la protección de la dignidad de quienes padecen sufrimiento psíquico.
Ello no implica desconocer la necesidad de intervenir cuando existen riesgos para terceros o para la propia persona, sino reconocer que la respuesta no puede limitarse únicamente a la actuación policial una vez que la crisis ya se produjo.
También interpela a la sociedad
Otro aspecto que quedó expuesto fue la reacción social.
Las imágenes se multiplicaron rápidamente en redes sociales acompañadas de burlas, descalificaciones y comentarios ofensivos.
La viralización de una persona atravesando una crisis psiquiátrica plantea un dilema ético que excede al caso puntual: ¿hasta qué punto la difusión de ese contenido contribuye a informar y cuándo comienza a vulnerar la dignidad de quien aparece en las imágenes?
Hablar de salud mental no significa justificar conductas que puedan afectar a terceros ni minimizar los hechos ocurridos.
Significa comprender que detrás de determinados comportamientos puede existir una enfermedad que requiere tratamiento, seguimiento profesional y una intervención adecuada de las instituciones competentes.
Una responsabilidad compartida
El caso de Pablo Daniel Quiroga Gómez no debería reducirse a una sucesión de antecedentes policiales.
Representa, en cambio, una oportunidad para abrir un debate serio sobre el funcionamiento de los dispositivos de salud mental, la coordinación entre el sistema sanitario, la Justicia y las fuerzas de seguridad, y la necesidad de fortalecer políticas públicas que permitan intervenir antes de que una crisis termine convirtiéndose en un hecho policial o en un espectáculo viral.
Las enfermedades mentales existen, pueden afectar a cualquier persona y requieren tratamientos adecuados, continuidad asistencial y acompañamiento familiar e institucional.
Mientras ese abordaje integral no logre consolidarse, casos como el ocurrido en Villa Mercedes seguirán exponiendo no sólo el sufrimiento de quien atraviesa una enfermedad, sino también las falencias de un sistema que muchas veces llega cuando el daño ya está hecho.
