Un hombre será juzgado por delitos contra la integridad sexual luego de que el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial dispusiera la apertura a juicio de una causa en la que está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada por el vínculo. La Fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión efectiva.
Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, de instancia privada, no se difunden datos que permitan identificar a las partes involucradas, con el objetivo de preservar la intimidad, privacidad y confidencialidad de la víctima, conforme a la normativa vigente.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada en el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, la jueza Natalia Pereyra Cardini resolvió la apertura a juicio y ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial, organismo que deberá fijar la fecha de inicio del debate oral.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado será juzgado como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por el vínculo.
Al fundamentar el pedido de condena, el Fiscal de Juicio N° 1, Néstor Lucero, solicitó una pena de 18 años de prisión efectiva. Según expuso durante la audiencia, no encontró circunstancias atenuantes y consideró como agravante el desprecio hacia el normal desarrollo sexual de una menor de edad.
Según la hipótesis fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2016 y abril de 2021, en perjuicio de la hija de la pareja del acusado. La investigación sostiene que los episodios habrían incluido tocamientos y otros actos de connotación sexual, cuando la víctima tenía entre tres años de edad y el período en que cursaba el primer grado de la escuela primaria.
Durante la audiencia, las partes también detallaron las pruebas que serán incorporadas durante el juicio oral.
Del acto judicial participaron la jueza Natalia Pereyra Cardini, el secretario Ignacio Esquerré Delaunay, el Fiscal de Juicio N° 1, Néstor Lucero, la Defensora de Niñez Victoria Cortázar Furnari, en representación de la víctima, y las defensoras oficiales Silvia Morán y Ximena Bertoli, en representación del imputado.
En el mismo acto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, la defensa se opuso al planteo al señalar que no había sido notificada de una audiencia destinada al tratamiento de medidas de coerción. Tras escuchar a ambas partes, la magistrada resolvió no tratar el pedido, al considerar que debía garantizarse el principio de igualdad de armas entre acusación y defensa.
