La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, con sede en Washington, confirmó un fallo adverso para la Argentina en el juicio impulsado por el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La decisión ratifica una condena superior a US$390 millones, más los intereses que continúan acumulándose.
El litigio tiene su origen en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, recuperando el control estatal de la compañía de bandera.
En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la Argentina a pagar cerca de US$321 millones, además de intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias de las empresas.
Tras un pedido de nulidad presentado por el Estado argentino, el laudo quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos del fallo como cesionario de Teinver y otros demandantes, solicitó en 2021 el reconocimiento y la ejecución de la sentencia ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La discusión por el plazo de prescripción
En 2024, la Corte de Distrito rechazó el planteo de la Argentina, que sostenía que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años. En cambio, el tribunal determinó que el período aplicable era de 12 años y reconoció el laudo del CIADI por un total de US$390.907.115,55, calculado al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores.
El Estado argentino apeló esa resolución, insistiendo en la aplicación del plazo de tres años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó íntegramente la decisión de primera instancia, dejando firme el criterio de los 12 años y la condena por un monto superior a los US$390 millones.
La respuesta de la Procuración del Tesoro
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación informaron a la agencia Noticias Argentinas que el Gobierno se encuentra analizando “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia”.
Además, el organismo sostuvo que la causa forma parte de “la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos”.
El fallo representa un nuevo revés judicial para la Argentina en tribunales internacionales y se suma a otros litigios derivados de expropiaciones y decisiones estatales que continúan generando obligaciones millonarias para el Estado nacional.
