A más de una semana de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, las tareas de búsqueda continúan en el estado de La Guaira, donde cerca de 1.400 personas permanecen desaparecidas. El saldo oficial asciende a 6.125 víctimas fatales y decenas de miles de damnificados, en una de las peores tragedias naturales de la historia reciente del país.
Las labores de rescate se concentran principalmente en La Guaira, el estado costero vecino de Caracas, que sufrió el mayor impacto de los dos fuertes sismos. De acuerdo con el gobernador José Alejandro Terán, todavía hay alrededor de 1.400 personas desaparecidas, mientras familiares y equipos de emergencia mantienen la búsqueda entre los escombros.
El balance oficial, actualizado tras el informe difundido el 24 de julio, confirma 6.125 fallecidos y el colapso de al menos 190 edificios.
Miles de viviendas quedaron inhabitables
Además de las estructuras que se derrumbaron por completo, las autoridades informaron que 6.433 edificaciones fueron declaradas de alto riesgo para ser habitadas, mientras que otras 9.866 viviendas recibieron la categoría de uso restringido.
Como consecuencia, miles de familias fueron trasladadas a refugios temporales, mientras otras encontraron alojamiento con familiares o amigos.
La semana pasada, el Gobierno venezolano inició un plan de demoliciones controladas sobre edificios con riesgo inminente de derrumbe, con el objetivo de evitar nuevos accidentes tras los movimientos sísmicos.
Actualmente, casi 24.000 damnificados permanecen alojados en campamentos instalados en Caracas y La Guaira.
Nueva ley para facilitar el acceso a viviendas
En paralelo a las tareas de reconstrucción, el Parlamento de Venezuela aprobó una nueva ley de arrendamientos destinada a incrementar la oferta de viviendas disponibles para alquiler y facilitar el acceso de quienes perdieron sus hogares.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que la normativa permitirá generar relaciones de “ganar-ganar” entre propietarios e inquilinos, en un contexto marcado durante años por la incertidumbre jurídica vinculada a las ocupaciones ilegales de inmuebles.
Según explicó la funcionaria, el Gobierno estima que unas 400.000 viviendas podrían incorporarse al mercado de alquiler gracias a la nueva legislación.
Además, Rodríguez anunció que la administración prevé entregar 4.000 viviendas antes de fin de año y habilitar líneas de financiamiento para la compra de inmuebles destinadas a las familias afectadas por los terremotos.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 son considerados los más destructivos registrados en la historia reciente de Venezuela, tanto por la cantidad de víctimas como por el daño provocado en la infraestructura y el impacto social sobre miles de familias.
