El gobernador Claudio Poggi promulgó la Ley de Necesidad de Reforma Parcial de la Constitución de San Luis, luego de su aprobación definitiva en la Legislatura provincial. La iniciativa contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos en la Carta Magna.
La firma del decreto se realizó en la réplica del Cabildo Histórico de La Punta, en una ceremonia que contó con la participación de ministros, secretarios, legisladores y representantes del Poder Judicial.
La reforma apunta a introducir modificaciones institucionales en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de incorporar derechos vinculados con las nuevas tecnologías, la protección de datos personales y el acceso a la información.
Una Convención Constituyente definirá los cambios
La promulgación de la ley no implica que las modificaciones ingresen automáticamente en la Constitución provincial. El texto establece la convocatoria a una Convención Constituyente, que será la encargada de analizar, debatir y resolver los cambios habilitados por la Legislatura.
La Convención estará integrada por 52 convencionales constituyentes, distribuidos entre los distintos departamentos provinciales con la misma representación cuantitativa de las cámaras legislativas.
Sus integrantes serán elegidos mediante el voto popular en las elecciones provinciales de 2027.
Límite a la reelección del gobernador y posibilidad de balotaje
Entre los principales puntos habilitados para su discusión aparece un nuevo límite a la reelección del gobernador de San Luis.
La propuesta establece que una misma persona pueda ejercer como máximo dos períodos de gobierno, consecutivos o alternados, y que luego quede impedida de volver a ocupar el cargo.
Según explicó Poggi, su actual gestión 2023-2027 será contabilizada como su primer período bajo el nuevo esquema, por lo que quedaría habilitado para aspirar, como máximo, a un mandato adicional.
También se incorpora la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral o balotaje para la elección de gobernador y vicegobernador cuando ninguna fórmula alcance en primera instancia el resultado que determine la futura Constitución.
Cambios en la Legislatura provincial
La reforma parcial también contempla modificaciones en el funcionamiento del Poder Legislativo de San Luis.
Uno de los cambios propuestos consiste en ampliar el período de sesiones ordinarias, que comenzaría el 15 de marzo y finalizaría el 31 de diciembre de cada año.
Además, diputados y senadores provinciales pasarían a ser elegidos y renovados en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección de gobernador y vicegobernador, en reemplazo del actual sistema de renovación parcial.
Reforma del Poder Judicial
Otro de los capítulos relevantes alcanza al Poder Judicial y plantea otorgar mayor autonomía institucional a diferentes organismos.
La iniciativa propone separar institucionalmente a jueces, fiscales y defensores mediante la autonomía de la Procuración General y la Defensoría General.
También habilita modificaciones en el mecanismo de selección de magistrados, mediante concursos y órdenes de mérito elaborados por el Consejo de la Magistratura, que servirían como base para las posteriores designaciones.
Inteligencia artificial, datos personales y nuevos derechos
La actualización constitucional también busca incorporar derechos relacionados con los cambios tecnológicos ocurridos desde la sanción de la actual Constitución provincial, vigente desde 1987.
Entre los temas habilitados aparecen la protección de los datos personales frente al uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, el acceso de las personas a la información registrada sobre ellas mediante el hábeas data y el fortalecimiento del derecho de acceso a la información.
El objetivo es incorporar garantías que no estaban contempladas cuando fue redactada la actual Carta Magna provincial.
El agua tendría jerarquía constitucional
La protección del agua constituye otro de los ejes centrales del proceso de reforma.
La propuesta busca reconocer al recurso hídrico con jerarquía constitucional, tanto como derecho humano como por su carácter estratégico para el desarrollo productivo de San Luis.
Su administración quedaría a cargo de una autoridad técnica con idoneidad acreditada, designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y con un mandato de cinco años.
Con la promulgación de la ley se abre así una nueva etapa del proceso institucional. El próximo paso decisivo será la elección de los convencionales constituyentes en 2027, quienes tendrán la responsabilidad de debatir y definir cuáles de las modificaciones habilitadas quedarán finalmente incorporadas a la Constitución de la Provincia de San Luis.
