La jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, explicó los fundamentos de su resolución y aclaró que su decisión no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones en las que comenzaría a funcionar el sistema.
La magistrada sostuvo que su principal preocupación está relacionada con la capacidad actual de la Provincia de Buenos Aires para afrontar un eventual incremento en la cantidad de adolescentes alcanzados por medidas de privación de la libertad.
Según explicó, antes de ampliar el universo de jóvenes comprendidos por el régimen deberían estar garantizados los establecimientos adecuados, personal especializado, programas educativos, capacitación laboral, asistencia terapéutica y recursos suficientes.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”
Pascual aseguró que conoce de primera mano la problemática de la inseguridad en el Conurbano bonaerense y rechazó que su resolución implique desconocer los delitos cometidos por menores.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la magistrada durante declaraciones radiales.
En ese marco, planteó que mantener a un adolescente encerrado sin educación, formación laboral ni tratamiento adecuado puede agravar el problema en lugar de contribuir a su reinserción social.
La jueza también respondió a las críticas recibidas después de conocerse su decisión y aclaró que no se opone a una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Pascual señaló que su posición busca compatibilizar la aplicación de la legislación con la necesidad de brindar seguridad y disponer de herramientas concretas para evitar que los adolescentes que ingresen al sistema penal terminen profundizando su vínculo con el delito.
Por qué se suspendió el Régimen Penal Juvenil
La medida judicial se produjo a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
A partir de esa presentación, Pascual resolvió suspender preventivamente durante 60 días la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
Durante ese período, la Justicia buscará que las autoridades provinciales informen cómo será implementado el sistema y cuáles serán los recursos disponibles para garantizar las medidas contempladas por la normativa.
El planteo de la magistrada pone el foco, por lo tanto, no solamente en la responsabilidad penal de los adolescentes, sino también en la capacidad material del Estado para alojarlos y desarrollar políticas de educación, tratamiento y reinserción.
La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad continúa siendo uno de los principales debates políticos, judiciales y sociales vinculados con la seguridad y la situación de los menores en conflicto con la ley penal.
