Un buque chileno tiene previsto reabrir en noviembre la ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, una decisión que incrementó la tensión diplomática entre Argentina y Chile en medio de la disputa por la soberanía y la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Se trata del Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera. Según informó la empresa, navegará por el Estrecho de Magallanes para restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, con el objetivo de abastecer a los habitantes de las islas.
Fuentes de inteligencia chilenas consultadas por BioBioChile calificaron como un posible “evento crítico” una eventual interceptación del Danstar por fuerzas argentinas una vez que abandone el estrecho. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.
El marco legal y las posiciones de Argentina y Chile
El eventual conflicto quedó vinculado con el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa para los buques que naveguen entre puertos continentales y las islas, o atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. La norma continúa vigente.
El canciller Pablo Quirno aludió a los “tratados vigentes” y afirmó que la Argentina “monitorea la situación” luego de una misión comercial con empresarios británicos en Punta Arenas.
Sin embargo, especialistas en derecho marítimo consultados por Infobae señalaron que una interceptación carecería de sustento jurídico. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar “en cualquier tiempo y circunstancias” la libre navegación de buques de todas las banderas en sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
El Tratado de Límites de 1881, además, reconoce la soberanía chilena sobre el estrecho y consagra la libre navegación. Los especialistas indicaron que los regímenes de navegación previstos por el derecho del mar no habilitan a un Estado ribereño a detener un buque mercante que únicamente se encuentra navegando.
Desde el Gobierno argentino descartaron que exista un conflicto inminente. “No hay nada; ellos están obsesionados”, señalaron fuentes oficiales en relación con las preocupaciones expresadas desde Chile.
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, también buscó bajar la tensión. “Todo barco que sale del Estrecho Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”, sostuvo ante una consulta de La Tercera.
Barros reconoció que los convenios internacionales permiten inspeccionar un buque cuando existen indicios de que transporta elementos o personas prohibidas, pero aclaró que esa posibilidad debe encuadrarse en el derecho y no en consideraciones políticas. Sobre una eventual escolta chilena al Danstar, respondió que “no hay ningún antecedente que lo justifique”.
El vínculo con el petróleo y el proyecto Sea Lion
La preocupación argentina está relacionada con la posibilidad de que la ruta comercial brinde apoyo logístico a Navitas y Rockhopper, las empresas que buscan extraer petróleo en las islas mediante el proyecto Sea Lion.
En paralelo, legisladores argentinos enviaron el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que impidan el uso de puertos, aeropuertos e infraestructura regional para abastecer o facilitar actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
La carta fue firmada por más de una docena de senadores y diputados, entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro. El documento invocó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas.
Los antecedentes recientes de la tensión bilateral
El antecedente más reciente de una interceptación ocurrió en abril de 2024, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar, mientras asistía a un pesquero taiwanés que había zarpado de las islas. El episodio no derivó en mayores consecuencias diplomáticas.
La relación bilateral también se vio afectada por el Decreto 457/2021, firmado durante la presidencia de Alberto Fernández. Esa norma definió al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como espacios en los que Argentina debía fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto”, una formulación que provocó una protesta formal de Santiago.
Durante una cumbre entre Javier Milei y José Antonio Kast en Santiago, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta que reafirmó la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho. Días después, la senadora Patricia Bullrich incluyó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos argentinos, lo que fue interpretado en Chile como una nueva provocación.
El 23 de agosto, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, había afirmado que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” de Argentina. La Cancillería chilena presentó una nota de protesta, mientras que el Gobierno argentino y el jefe de la Armada reconocieron que el estrecho pertenece a Chile.
En este contexto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare, destacó las “excelentes relaciones” con Chile y la coordinación de ambas armadas en el seguimiento de la flota pesquera extranjera y en la Patrulla Antártica Naval Combinada. Al mismo tiempo, sostuvo que Argentina mantiene su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
La Argentina también prevé avanzar con el procedimiento de arbitraje establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, después de reclamar al Reino Unido que impida actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Con información de: infobae.com
Con información de: infobae.com
