En una entrevista transmitida en VMI Radio 88.1 FM, tuvimos el privilegio de conversar con el Dr. Juan Carlos Nacul, juez federal radicado en Villa Mercedes, quien nos brindó un panorama detallado de la situación del sistema judicial en la provincia de San Luis y los desafíos que enfrenta en la lucha contra el narcotráfico.
Contexto y Origen del Juzgado Federal
El Dr. Nacul inició la conversación explicando que, tras años de controversias y enredos políticos, se consolidó la presencia del juzgado federal en Villa Mercedes. Recordó que la creación de este juzgado se gestó desde el 2007, gracias a un proyecto de ley impulsado por el entonces senador Adolfo Rodríguez Sá. Sin embargo, la instalación definitiva se vio postergada por disputas entre la Gobernación de San Luis y el Ejecutivo Nacional. Fue recién en el 2017 cuando, con la administración de Macri, se designó al juez federal para la ciudad, culminando un proceso que atravesó etapas en 2009, 2010 y hasta la reciente reactivación en diciembre del 2019.
Nombramiento, Jurisdicción y Trabajo Compartido
Durante la entrevista, el juez puntualizó que, aunque su sede es en Villa Mercedes, su jurisdicción se extiende desde Merlo hasta La Pampa, abarcando una amplia porción del territorio sanluiseño. Esta extensión se reparte con el Dr. Maqueda, a quien le corresponde la otra mitad de la conflictividad. Además, explicó el proceso de designación de jueces a través del Consejo de la Magistratura y la interacción entre los tres poderes del Estado, dejando en claro la rigurosidad de un proceso que contrasta con prácticas más informales en la región.
El Dr. Nacul destacó la cooperación entre ambos jueces, subrogándose mutuamente en situaciones de alta demanda, lo que ejemplifica la integración del nuevo Código Procesal Penal Federal. Este código ha permitido audiencias más ágiles y expedita emisión de sentencias, en algunos casos en tan solo 48 o 72 horas, lo que representa un cambio radical respecto a procesos anteriores.
Innovación Procesal y Retos en la Justicia
El entrevistado resaltó que, a pesar de contar con herramientas procesales modernas, la dualidad de funciones –ser juez del viejo código y del nuevo– implica un trabajo sumamente exigente. “Lo que antes era impensable hoy se resuelve en tiempo récord”, afirmó al referirse a casos que pasan de la instrucción a la sentencia en pocos días, gracias a la implementación de audiencias de corta duración que no pueden exceder los 40 minutos.
Asimismo, el juez abordó el impacto de la nueva normativa en casos de narcotráfico y estupefacientes. Detalló que, en función de la cantidad y la afectación al bien jurídico, se pueden negociar acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa, lo cual resulta crucial para evitar penas desproporcionadas en situaciones de consumo personal versus distribución.
Entre la Legalidad y la Lucha Contra el Narcotráfico
Uno de los puntos más candentes de la entrevista fue el análisis del problema del narcotráfico en la región. El Dr. Nacul denunció que la ausencia histórica del juzgado federal en Villa Mercedes generó una situación de “zona luz verde” que favoreció el desarrollo de redes delictivas. Con la incorporación de la Gendarmería y la posible presencia de la Policía Federal en puntos estratégicos, se intenta recuperar el control de rutas que facilitan el ingreso de drogas.
El juez se mostró especialmente crítico con la complicidad y el amiguismo que caracterizan a ciertos actores del sistema judicial y policial, resaltando casos en los que se han visto envueltos funcionarios locales y provinciales. “La lucha contra el narcotráfico es compleja y va más allá de la mera represión; se trata de enfrentar una degradación social que afecta a todas las capas de la comunidad”, puntualizó.
Finalmente, enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana, señalando que la colaboración de la comunidad es vital para lograr una verdadera transformación en la seguridad y el respeto a la legalidad en San Luis.
La entrevista con el Dr. Juan Carlos Nacul deja claro que, a pesar de los avances en la modernización del sistema judicial y la agilización de procesos, aún existen desafíos significativos en la lucha contra el narcotráfico y en la consolidación de una justicia imparcial en la región. La experiencia y el compromiso del juez federal evidencian un camino lleno de obstáculos, pero también de innovaciones que buscan dar respuesta a una problemática que afecta a toda la sociedad.
Transcripción entrevista de Daniel Arce al Dr. Juan Carlos Nacul
Con nosotros está el doctor Juan Carlos Nacul.
El doctor Juan Carlos Nacul es juez federal de la ciudad de Villa Mercedes. Es un gusto tenerlo, doctor.
—Gracias por venir.
—Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días a la audiencia.
—Muy amable. Doc, cuéntanos un poco en qué situación nos encontramos hoy en la provincia de San Luis. Estamos muy acostumbrados a tener el juzgado federal en San Luis.
—Bueno, finalmente, después de muchas vueltas y muchos años, se instala el juzgado federal en Villa Mercedes. ¿Y es ahí cuando usted hace su desembarco como juez?
—Bien, bueno, sí, ha sido un largo proceso. Está buena tu pregunta.
Para aclarar a la audiencia, la creación del juzgado federal de Villa Mercedes data del año 2007, producto de un proyecto de ley del entonces senador Adolfo Rodríguez Sá. Como es sabido, la nueva designación de jueces federales y nacionales se realiza a través del Consejo de la Magistratura, con la intervención de los tres poderes nacionales del Estado: el Poder Judicial, representado por el Consejo de la Magistratura; el Ejecutivo Nacional, que envía las ternas al Congreso; y el Congreso, que finalmente da el acuerdo y remite el decreto presidencial al Ejecutivo para su firma.
Bien, entonces, se realizó un concurso en el año 2009. Entre 2008 y 2009 se envió la terna al Congreso de la Nación; en 2009 y 2010, por cuestiones políticas y por una falta de entendimiento entre la Gobernación de San Luis y el Ejecutivo Nacional de ese entonces, nunca se resolvió lo que correspondía al juzgado federal de Villa Mercedes, de modo que quedó un único juzgado, que sigue a cargo hasta hoy por el doctor Maqueda en San Luis.
Pasaron los años y, en 2010, se adquirió la casa en la que funcionamos actualmente, ubicada en la calle 1.3559; fue comprada por el Consejo de la Magistratura y, con el tiempo, fue prestada al Gobierno de la Provincia y al Poder Judicial, entre otras circunstancias, hasta que en 2017, ya con el Gobierno de Macri, me designaron juez federal de Villa Mercedes. Después de mucho tiempo, en 2018 fui convocado por la Cámara Federal de Mendoza para subrogar un juzgado en esa ciudad, y en 2019 llegamos, recién en diciembre de 2019, a Villa Mercedes mediante un convenio con el Superior Tribunal de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal de Mendoza, quienes nos facilitaron espacios físicos para funcionar en el edificio Ramiro Podetti, donde opera el Poder Judicial de la Provincia. Es decir, en diciembre de 2019 desembarcamos en Villa Mercedes.
Luego sobrevino la pandemia (2020–2021) y, en diciembre de 2024, cumplimos cinco años de funcionamiento en Villa Mercedes, aunque la ciudadanía de Mercedes y de San Luis aún no se acostumbra a que haya dos juzgados. Es conveniente resaltar que, si bien soy juez federal con asiento en Villa Mercedes, la jurisdicción territorial abarca desde Merlo hasta La Pampa, siendo ésta muy extensa. A ver: San Luis se divide en dos, formando casi un rectángulo, y cuenta con nueve departamentos territoriales; a mí me corresponden cuatro, mientras que al doctor Maqueda le quedan cuatro departamentos del oeste (del norte al suroeste, limitando por el río Zaguadero–Mendoza) y, además, a mí me asignan cinco departamentos colindantes con Córdoba; toda la sierra se encuentra delimitada por la sierra de Comichingones, que se extiende desde Merlo hasta La Pampa.
Mis departamentos son: Pedernera, San Martín, Chacabuco, Junín y Dupuy. Para el doctor Maqueda corresponden los departamentos de Pueyrredón, Belgrano y otros cuatro. Es decir, territorialmente, Villa Mercedes tiene una competencia más extensa que la de San Luis, aunque en San Luis se compensa con la existencia de dos juzgados.
Con dos juzgados, el doctor Maqueda me remite, en términos territoriales, el 40 % de toda su conflictividad. Cabe aclarar que ambos juzgados federales —el de San Luis y el de Villa Mercedes— tienen competencia tanto en materia civil como penal. Además, el doctor Maqueda mantiene la competencia en materia electoral a nivel nacional, dado que este año se renuevan diputados y senadores.
Exacto. Entonces, aquí somos los dos jueces federales de San Luis que se subrogan mutuamente. Por ejemplo, en enero de 2025, el doctor Maqueda me pidió que lo cubriera durante todo el mes, ya que tenía un año electoral por delante y no iba a poder salir de vacaciones; por lo tanto, ese mes estuve a cargo de ambos juzgados de San Luis. Y cuando yo me voy a mi provincia natal, que es Tucumán, él me cubre. De esta forma, hoy conformamos un colegio de jueces de garantía, establecido a partir del 5 de agosto, cuando entró en vigor el nuevo Código Procesal Penal Federal, integrando un grupo de cinco jueces de primera instancia: el doctor Rago Gallo, de San Juan (del Distrito Cuyo); Marcelo Garnica, de Mendoza; Eduardo Puidengolas, de San Rafael; el doctor Juan Esteban Maqueda, de San Luis; y el que habla. Así, somos los cinco jueces de control y de garantías desde la vigencia del nuevo código.
Además, seguimos siendo jueces que aplicamos el antiguo procedimiento en todas las causas residuales, es decir, hasta que se concluyan las investigaciones y se remitan a juicio. Así, actuamos tanto bajo el viejo código como bajo el nuevo, lo que genera una dualidad —una especie de multicompetencia— que representa un trabajo grave, complejo y sumamente exigente. La Corte, ante estas circunstancias, nos equiparó a los “camaristas”, es decir, a los jueces de primera instancia, porque con el nuevo código podemos celebrar convenios y dictar sentencia en 48 o 72 horas tras ocurrido el caso.
En una ocasión, tuve un caso un sábado y, el martes siguiente, dicté sentencia definitiva gracias a un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, algo que antes era imposible.
También existen situaciones en el antiguo código que permiten la celebración de convenios, juicios abreviados y la emisión de sentencias en la primera instancia, lo cual es muy positivo. Por ello, contamos con una amplia variedad de criterios, normas y herramientas procesales que permiten resolver los conflictos penales mediante alternativas a la prisión preventiva.
No todo es cárcel; a menudo se debe considerar la mínima afectación al bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en materia de drogas se manejan cantidades de 100, 50, 30 o 20 gramos. Esto permite que el juez acepte un convenio entre la Fiscalía y la Defensa para imponer una pena menor, incluso reduciendo el mínimo legal, ya que la ley de drogas (23.737) establece, en abstracto, una pena combinada de 4 a 15 años. En ocasiones, incluso cuatro años resulta excesivo dada la mínima afectación, por lo que se realiza una audiencia con ambas partes y se puede alcanzar lo que se denomina un acuerdo pleno, algo impensable anteriormente.
Antes, la instrucción demoraba un año o dos hasta la clausura, para luego pasar al Tribunal Oral de San Luis; hoy, el proceso se ha agilizado notablemente. Ayer, por ejemplo, tuve una audiencia con cuatro imputados, cinco defensores y la Fiscalía. La sala quedó llena y la audiencia duró dos horas, algo inédito, ya que según el nuevo código no debería superar los 40 minutos. Se asignaron 20 minutos para la Fiscalía, 20 para la Defensa, y el juez emitió sentencia en el acto, sin más consultas ni lecturas. El juez resuelve in situ, basándose en las pruebas presentadas por el fiscal, ya que inicia la audiencia sin prejuicios y sin conocimiento previo del caso.
El fiscal narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y luego corroboro con la Defensa para analizar la legalidad del procedimiento, puesto que en ocasiones la fuerza policial se excede en sus funciones. Primero se verifica la legalidad del procedimiento y, posteriormente, se analizan las pruebas. Se trata, de manera indiciaria, del secuestro de drogas, estupefacientes, teléfonos, balanzas, medios de corte, servicios de delivery, anotaciones, dinero, etcétera; y en un tercer apartado se solicitan medidas cautelares, que pueden consistir en detención, prisión preventiva o, en su defecto, prisión domiciliaria, según lo resuelva el juez tras considerar la posición de la Defensa.
El juez permanece incontaminado; es decir, es el juez de garantías, de control y de protección. Además, ya no actúa como acusador—no es el juez instructor. Hoy, la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, porque así lo manda la Constitución: el artículo 120 establece que el titular de la acción pública es el Ministerio Público Fiscal, garante de la legalidad. Dicho órgano debe actuar con objetividad, legalidad y lealtad procesal, en base al artículo 18 de la Constitución (ese famoso artículo que nadie cuestiona), que establece que nadie será juzgado sin un juicio previo fundado en la ley anterior al hecho.
Me surgen un montón de dudas. Si con estos cambios se redefine qué es consumo personal y qué es la distribución o venta de estupefacientes, ¿qué se entiende exactamente por consumo personal? Ustedes, oriundos de San Luis, saben bien de qué hablo. Nací y crecí aquí, y no hace falta decirles que nuestra sociedad es muy adicta, vulnerable y permeable, especialmente porque nunca hubo un juzgado federal en Villa Mercedes o en esta zona, que abarca desde Merlo hasta La Pampa; es decir, zonas como Justo de Arac, Nueva Galia, Merlo, Carpintería, Conlara y Tilizarao, que eran consideradas “zonas luz verde”, tierra de nadie.
Cuando funcionaba una subdelegación de la federal, debíamos solicitar los allanamientos y demás medidas al juez federal de San Luis, lo que ocasionaba demoras hasta que éste llegaba y resolvía; así se efectuaban los allanamientos y se procedía al secuestro, pero nada más, ya que la información se filtraba. Esto se debía, además, a que muchos oficiales—tanto provinciales como federales—son oriundos de este pueblo, y yo, al no ser de aquí, no tengo ni amigos ni enemigos. No tengo simpatía ni antipatía, como solía decir un amigo, por conocer a los jóvenes que trafican; en consecuencia, los detenidos se comunicaban con los oficiales y, al llegar, no se efectuaban los secuestros. Fue entonces cuando la Gendarmería, a la que insistí para su retorno, comenzó a realizar los procedimientos. Estamos trabajando para ver si se instala policía federal en Merlo o, en su defecto, que la Gendarmería se encargue del sur de la provincia (en zonas como Nueva Galia y Buena Esperanza, verdaderas “tierras de nadie”).
No es casual que los vehículos desaparecidos en la provincia aparezcan en esos predios. Por ejemplo, cuando el tren venía cargado, ahora viene con pasajeros; se trata de un “pasamano” de droga que va y viene. No olvidemos que la Ruta 78, que atraviesa el Mercosur, se ve influenciada por Córdoba y Río Cuarto. La situación es tremenda; no puedo cubrir una extensión tan vasta, de Merlo a La Pampa, con los escasos policías federales que tenemos. Por ello, una vez confirmados los subcomisarios Gervasoni en Villa Mercedes y Mariano Isfico en San Luis, convocaré una reunión para coordinar esfuerzos con la policía federal. Aquí contamos con 40 o 50 efectivos y una brigada de investigaciones de no más de 10 agentes, en comparación con más de 200 en San Luis; además, disponemos de un solo vehículo ploteado, mientras que allá hay cinco o seis. Es imprescindible trabajar de forma conjunta; de lo contrario, no sirve de nada. Se podría asignar a la Gendarmería el sur, a la policía provincial el norte y a la federal el centro, de modo que se cubran las rutas alternativas que ingresan a Villa Mercedes, como Vizcachera, Punilla, Justo Darac, Casimiro Gómez, entre otras. Dispongo de siete rutas de tierra alternativas que, al transitarse fuera de la autopista, son prácticamente “tierras de nadie”, por donde circulan camionetas 4×4, 4×5, metatransportadores y otros vehículos destinados al tráfico.
Como decía, nuestra sociedad es muy adicta, tanto de clase media como alta; nadie se salva, y por ello se llega a pretender una actitud pasiva frente al narcotráfico. Recuerdo que, en el Podete, en una ocasión me trajeron al perro antidroga para presentarlo, y después de dar una vuelta por el lugar, se procedió a cerrar la puerta a los juzgados, a raíz de investigaciones que revelaron que empleados judiciales, magistrados—que consumen y venden sin necesidad de nombrar nombres—e incluso fiscales de Cámara en estado de ebriedad atropellaban a personas en contramano. Es una locura. Aquí se conoce a todos, y después de cinco años ya sé quién es quién, y me permito hablar con franqueza porque no tengo nada que ocultar.
Sin embargo, necesito que se modifique la modalidad, ya que existe la costumbre, entre algunos profesionales y abogados, de reunirse con el juez el sábado y el domingo, acordando de palabra y compartiendo asados y reuniones familiares, de modo que se arreglan los asuntos durante el fin de semana. El problema es que, al llegar el lunes, ya no existe causa y se procede a la liberación. Además, hay fiscales que se niegan a llevar a cabo ciertos procedimientos, por ejemplo, en casos de delito común en los que se recaban elementos secuestrados (droga, dinero) y se rehúsan a entregarlos. He tenido que dictar una resolución intimando a una fiscal a que me entregue lo incautado; esto no puede ser, no por una confusión, sino porque se llevan el dinero a casa, incurriendo en delitos. No puede haber fiscales provinciales que actúen así, y el fiscal federal me ha solicitado que intimé a la fiscal provincial para que entregue lo incautado.
Lo que sucede es que, en su momento, la ley de narcomenudeo fue adoptada en la provincia, pero luego no se aplicó; así, la competencia en materia de narcotráfico—tanto en su mínima como en su máxima expresión—recae en el juzgado federal correspondiente. Pero además, aquí se suma una idiosincrasia especial: durante 40 años todo se ha manejado a base de amiguismo; los jueces entran por la ventana y salen por la claraboya, ya que se les hace renunciar antes de jurar, a diferencia de nosotros, que pasamos por un riguroso proceso de evaluación ante el Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo y el Ejecutivo Nacional. Por ello, es muy difícil ser juez federal aquí, debido a la problemática de adicción en la sociedad; es increíble, por ejemplo, que los abogados lleguen a la audiencia en estado de ebriedad, de tal forma que uno no puede distinguir quién es el preso y quién es el abogado. Observándolo, me he quedado con la boca y los ojos abiertos. Así es la audiencia, y que lo diga un juez federal, ya es.
Generalmente, los jueces federales solemos dar audiencia, pero quizá esta sea la primera y la última que brinde. Somos vecinos; no tengo nada que ocultar. Vengo de otras provincias, con un expediente intachable, designado por el Presidente de la Nación con el acuerdo del Congreso, y vivo en un departamento, tengo una camioneta a mi nombre y es todo lo que poseo; por ello, no tengo reparos en decir la verdad sobre la situación, que es increíble.
Por ejemplo, una fiscal se lleva el dinero a su casa; cuando se le intimó a devolverlo, entregó menos, y al ser cuestionada dijo: “me voy al cajero a sacar lo que falta”. Pero si se trataba de un secuestro, ¿por qué debería estar el dinero en su cuenta? Así, el “narco menudeo”, que había quedado en competencia provincial, volvió a recaer en nosotros, de modo que, en este lugar, cualquier cantidad, incluso un gramo, es competencia federal. Se podría preguntar: ¿un gramo o un kilo? Sin investigación previa, medio gramo y mil kilos se tratan de la misma manera.
Sin embargo, si no existe una investigación sobre una posible distribución o venta, ¿cambia la situación? Es decir, puede que a mí me guste mucho la marihuana o la cocaína y se considere consumo personal. Por ejemplo, si incauto dos “cigarrillos” de marihuana —o tres, o incluso una planta cultivada para consumo personal— y además cocaína, y si usted es adicto y está en tratamiento, es posible que el fiscal inicialmente tipifique el hecho como tenencia simple (artículo 14, primera parte, de la ley 23.737) y, con el tiempo, se aplique el artículo 14, segundas, junto con un sobrecimiento basado en el fallo Riola, que establece la no punibilidad de la droga para consumo personal.
Pero si, por el contrario, entro a una vivienda y encuentro 500 gramos de cocaína distribuidos en sobrecitos, en papeles de distintos colores, una balanza con restos de droga, un “canuto de lapicera” que se consume de vez en cuando, un servicio de delivery y hasta cuentas pendientes (según indica Paco), entonces no podemos simplemente dejarlo, ni permitir que se declare adicto; puede ser adicto, pero también se dedica a vender. Porque la historia comienza así: el adicto o el narco le vende –o incluso le regala– la dosis, convirtiéndolo en un esclavo de la droga. Así, la persona comienza a consumir; cuando ya no tiene dinero, vende sus pertenencias y hasta se alía con el narco, diciendo: “soy un soldado tuyo, un delivery”. De este modo, consume pero también vende, lo cual representa, lamentablemente, la miseria humana.
En nuestra provincia no contamos con centros de rehabilitación para adictos, ni con lugares adecuados para alojar a menores o a mujeres. Es un completo desastre el manejo de la represión y la atención a los enfermos. Aunque el adicto no es necesariamente un enfermo, ¿qué hacemos con quienes han perdido el juicio? ¿Los matamos? No, debemos curarlos. A los adictos se les debe proporcionar un tratamiento de desintoxicación, pero en realidad no existe; ¿a dónde los envían? ¿A Córdoba? Así, cuando un menor se ve afectado —con un padre preso y una madre que se prostituye— se agrava la degradación social, y eso es lo que trae la droga.
¿Y qué ocurre con los detenidos de la Justicia Federal? Mientras están en proceso, se alojan en la Penitenciaría Provincial o en comisarías durante aproximadamente una semana, para luego ser trasladados a la Penitenciaría Provincial; y, una vez condenados, son enviados a la Cárcel Federal de Cachauta, en Mendoza.
Lamentablemente, creo que terminaré mis años como juez sin que esto cambie, ya que son años de degradación; el delito siempre va más allá de la represión y de la justicia.
Entonces, ¿cómo protegemos a ese ejército de jóvenes que mueren cada día sin que existan estadísticas? ¿Por qué? Porque, en general, no muere el hijo de una persona importante; sin embargo, quienes mueren por el “paco” –esa droga barata– no se registran en las estadísticas, ni aquí, ni en la provincia, ni en el país. En el conurbano bonaerense, la cantidad de jóvenes que mueren por sobredosis es tremenda; el “paco” finalmente conduce a la muerte. Comienzan a perder peso: a los tres meses han bajado 20 kilos, a los seis meses han perdido la mitad de su peso y, entre los nueve meses, mueren. ¿Por qué? Porque esa droga daña el lóbulo frontal, la parte donde se generan las reacciones del amor, el sentimiento, el calor y el frío, convirtiéndolos en autómatas. Por ello, la persona llega a ser asesinada antes de que se dé cuenta de que, si se le va a robar, le disparan y luego le roban hasta las zapatillas, ya que no piensa.
El individuo llega a robar incluso a su propia familia, llegando a matar a sus propios parientes por consumir esa “basura”.
—Doc, le agradezco muchísimo que haya venido a conversar sobre esto. Ojalá no sea la última entrevista, al contrario.
—Todo lo que se difunda está bien, y es positivo que exista contacto directo con el juez. Sin embargo, es importante que la sociedad entienda que el juzgado federal ha venido para quedarse, y que, al menos, este juez implacable en la lucha contra el narcotráfico sigue trabajando por las madres que sufren, por las madres contra el narcotráfico. Póngale el énfasis que crea necesario y que se empiece a denunciar a los narcotraficantes de los barrios.
Aquí la sociedad convive con los narcos. Por ejemplo, ayer tuve un caso de cuatro imputados que fueron trasladados al penal y, cuando se avisó a los familiares, se produjo una manifestación de 30 o 40 personas en barrios como Eva Perón 1, 2 y 3, La Ribera, entre otros. En el juzgado se tuvo que llamar a refuerzos federales para desalojar la zona. En resumen, la sociedad convive con narcotraficantes y distribuidores, por lo que es necesario que empiecen a denunciar si no se quiere que mueran hijos o nietos. Además, en el juzgado se dispone de un buzón anónimo para tal fin.
No sé cómo proceder: cierro un kiosco y, si arresto al padre, a la semana se abre otro kiosco; o, si arresto a la madre, ella reaparece, o lo hace alguna vecina, comadre, tía o pariente. Es tremendo. Además, lo que más me preocupa es el ingreso de droga, ya que los pequeños delitos terminan liberándose, pues no puedo mantener a alguien preso por 20 años.
Sin embargo, lo que me preocupa son los capitalistas que compran los 20 o 30 kilos que ingresan desde el norte; en Villa Mercedes hay varios conocidos, y estos capitalistas son los que aportan el dinero. Compran 20 kilos de lo que se conoce como “los panes”. Así, la droga proveniente de los cárteles de México y Colombia está entrando en gran cantidad, con el sello característico del narcotráfico. Así como la droga de Juan Pablo Escobar tenía su sello, aquí me está entrando mucha droga “del fin”. Entonces, ¿quién la trae? ¿No se detiene al que la trae? ¿Ni al que la compra? ¿O se atrapan a dos vecinos que trafican un poco? Esa, la de gran escala, es la que más me preocupa. ¿Y cómo combato esa cuando hay tanto interés económico? Está bien, claro.
Ahora, escuchen: el capitalista es local, ya sea de aquí o de Córdoba, pero en este caso no va a ser así. Debido a la cercanía, la droga entra por Bolivia, atraviesa Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Córdoba y llega acá; incluso se ingresa desde Buenos Aires. Además, Argentina está combatiendo de forma férrea a los cárteles de Rosario y Santa Fe, desplegando policía federal y concentrando esfuerzos en Rosario para combatirlos. Como consecuencia, cada vez hay menos efectivos, ya que los oficiales no quieren arriesgarse en esas zonas y se retiran; es como si las fuerzas federales hubieran desmantelado al “hormiguero” en Rosario y Santa Fe, redistribuyéndose luego. ¿Qué hacen las hormigas? Si golpeas al hormiguero, las hormigas se dispersan; han ido a Córdoba, a Cuyo, y yo ya tengo “los monos” aquí. El cártel de los monos ya está en Villa Mercedes. Pero, ¿quién irrumpe en los barrios donde operan? No puedo revelar el nombre del barrio por tratarse de una investigación, pero la verdad es que no hay quien se atreva a entrar.
Entonces, necesito que se desplieguen el ejército, la prefectura y las fuerzas federales para rodear el área y realizar una “limpieza” similar a la que se está haciendo en Rosario, con topadoras, volquetas y demás, aunque no es tarea fácil. En realidad, se producen escaramuzas; en las grandes luchas, hasta ahora las estamos perdiendo, porque ellos cuentan con mayor tecnología. Hoy en día, la droga se transporta por los ríos en submarinos no tripulados, controlados a distancia, y continuamente aparecen noticias de avionetas; en Argentina no existe una ley que autorice su derribo. Tenemos radares que funcionan esporádicamente; si se detectan avionetas, no se pueden derribar, por lo que aterrizan, se estrellan y los pilotos huyen, mientras la droga queda tirada en los campos. Estamos muy mal, muy desprotegidos. Esto se debe a una cultura política que ha desprotegido y desarmado a las fuerzas federales; en definitiva, todo es cuestión de política nacional en la lucha contra el narcotráfico.
Con nosotros estuvo el doctor Juan Carlos Nacul, juez federal de la ciudad de Villa Mercedes, quien nos ha ofrecido un panorama de la situación actual.
—Doc, gracias por venir; ha sido un gusto.
—Bueno, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia, hasta luego, buenos días.
—Gracias, hasta luego.
