El juez de Garantía N°4, Santiago Ortiz, se excusó de intervenir en la causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix, en la que están imputados la ex diputada Anabela Lucero, su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, y otros tres exfuncionarios. La decisión del magistrado se basó en razones de “decoro y delicadeza”, luego de conocerse que su hermano había alquilado un inmueble a Beltrán, uno de los acusados.
Ortiz explicó que su excusación busca “evitar cualquier tipo de dudas” sobre su imparcialidad en el proceso. El contrato de alquiler, que involucraba un departamento amoblado propiedad de la administración familiar del juez, fue cancelado, y el dinero depositado por Beltrán fue devuelto.
Tras este hecho, la causa fue derivada por orden de subrogación al juez de Garantía N°1, Alfredo Cuello, quien aún no decidió si la tomará. De rechazarla, el caso pasaría al Tribunal de Impugnaciones. Mientras tanto, la audiencia de formulación de cargos, prevista para el 6 de marzo a las 8:30, no corre riesgo de ser suspendida, según confirmó el fiscal adjunto Marcelo Palacio.
Palacio consideró que los fundamentos de Ortiz para apartarse “no son suficientes” y sugirió que podría tratarse de una “estrategia de la defensa” para generar dudas sobre la imparcialidad del proceso.
En la audiencia de este jueves, se imputará a Anabela Lucero y a Joaquín Beltrán por delitos relacionados con la administración del complejo Molino Fénix y La Casa de la Música. También están citados el exjefe de Eventos, Enzo Lucero; el excoordinador del Teatro, Diego Torres; y el excoordinador de La Casa de la Música, Exequiel Scarel.
La investigación, iniciada por una denuncia del actual Gobierno, se centra en el manejo irregular de fondos públicos. En una audiencia anterior, la defensa de Beltrán planteó la nulidad de la investigación y recusó al juez, pero el Tribunal de Impugnaciones rechazó los pedidos y reprogramó la indagatoria.
