La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió, en un fallo dividido, eximir a Cristina Fernández de Kirchner del pago de $22.300 millones en el marco de la causa Vialidad.
La mayoría de los jueces consideró que no existen elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin una sentencia penal firme, no corresponde aplicar una condena civil de tal magnitud.
Desde el kirchnerismo celebraron el fallo y lo calificaron como un freno al “lawfare”, mientras que sectores de la oposición cuestionaron la resolución y advirtieron sobre un “mensaje de impunidad”.
Especialistas en derecho remarcaron que las demandas patrimoniales contra exfuncionarios son excepcionales y de difícil sostenimiento sin una condena penal previa.
El frente judicial de la exmandataria sigue activo: la causa Vialidad continúa y también avanzan otros procesos en su contra. En el plano político, el fallo podría revitalizar la figura de Cristina Kirchner entre sus seguidores, al tiempo que el oficialismo insiste en la necesidad de reformas judiciales.
El debate sobre los límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve así al centro de la escena pública.
