Un hombre de 40 años fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, al tratarse de víctimas menores de edad, en el marco de una causa que investiga un episodio ocurrido en el arroyo El Molino, en la zona de Rincón del Este, Villa de Merlo.
La formulación de cargos fue realizada por la fiscal adjunta de la Tercera Circunscripción Judicial, Silvina Argüello, durante una audiencia desarrollada ante el juez de Garantía Nicolás Coppola.
Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho se habría producido durante la tarde del 5 de diciembre de 2024 y tuvo como damnificadas a dos adolescentes, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el lugar.
Durante la audiencia, la fiscal explicó que las jóvenes estaban tomando mates y grabando un video cuando advirtieron la presencia de un hombre que las observaba de manera insistente. Posteriormente, el sujeto se habría acercado hasta ubicarse a una distancia aproximada de 100 metros, colocándose detrás de una piedra de gran tamaño. Por los movimientos que realizaba, las víctimas interpretaron que estaba llevando adelante conductas de índole sexual.
Ante la situación de temor e incomodidad, las adolescentes decidieron retirarse del lugar. En ese momento, el imputado habría realizado gestos dirigidos a una de las jóvenes, y al alejarse ambas advirtieron que el hombre se encontraba completamente desnudo, por lo que huyeron del sitio.
La defensora adjunta de Niñez, Camila Sánchez, participó de la audiencia de manera virtual y adhirió a lo expuesto por la Fiscalía, solicitando que el caso sea abordado con perspectiva de niñez, dada la condición de una de las víctimas.
El imputado se abstuvo de declarar. Previo al inicio formal de la audiencia, la defensa —a cargo de la Defensora Oficial Penal Nº1, Mirtha Gabriela Moreno— planteó una cuestión vinculada a la notificación del acusado. Tras un cuarto intermedio, el juez rechazó el planteo y resolvió continuar con el proceso.
Finalmente, el magistrado dio por formulados los cargos y dispuso una serie de medidas de coerción, entre ellas la obligación de firmar mensualmente en la comisaría más cercana a su domicilio y la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, en un radio de 100 metros, por cualquier medio físico o digital. No obstante, rechazó el pedido de prohibición de concurrir al lugar del hecho.
Las medidas fueron fijadas por un plazo de 120 días. La Defensa solicitó la revisión de la resolución, pedido que fue denegado, quedando habilitada la vía recursiva ante el Tribunal de Impugnaciones.
