Tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
La decisión se venía evaluando desde hace meses, luego de detectarse graves irregularidades administrativas en el organismo que estaba bajo la órbita del exabogado del presidente Javier Milei.
El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el cierre de la agencia y remarcó que no se recortarán ni eliminarán las prestaciones vigentes.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni durante una conferencia de prensa.
El funcionario explicó que la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado, con el objetivo de coordinar políticas públicas vinculadas a la discapacidad, pero que con el paso del tiempo acumuló burocracia, descontrol administrativo y prácticas incompatibles con la transparencia.
Según detalló, las auditorías detectaron irregularidades graves, entre ellas pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban.
Adorni citó el caso de la Fundación METAS, que aseguraba brindar apoyo escolar, pero cuyas instalaciones eran una vivienda precaria sin servicios básicos, donde solo se hallaron suciedad, escombros y excremento de roedores.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sostuvo.
Además, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, junto con la implementación de auditorías permanentes, trazabilidad de expedientes y criterios sanitarios en cada decisión.
Por último, el jefe de Gabinete insistió en que la medida no implica la suspensión de pensiones ni prestaciones.
“Esto no significa que se vaya a cortar absolutamente ninguna prestación”, enfatizó.
