La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, realizó a fines de diciembre una visita institucional al Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac), organismo dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), donde se lleva adelante el proceso de inutilización y destrucción de armas, municiones y explosivos secuestrados o entregados voluntariamente en todo el país.
Durante la jornada, Sosa mantuvo una reunión de trabajo con el coordinador del Banco Nacional de Armas de la ANMaC, Sergio Sarlo, con quien recorrió las instalaciones del depósito y centro de destrucción. El espacio, gestionado por el Registro Nacional de Armas (RENAR), cumple un rol central en la implementación de políticas de desarme, la reducción del circulante ilegal de armas y la promoción de una cultura de no violencia, mediante un sistema de destrucción seguro y transparente.
En la recorrida, la ministra estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis, Carlos Salinas, y el asesor legal del Ministerio de Seguridad, Jesús Velázquez, quienes se interiorizaron sobre el trabajo articulado que el Banmac desarrolla con distintas provincias.
Al finalizar la visita, Sosa explicó que el titular del organismo le detalló el procedimiento completo de inutilización, que comienza con la desactivación del arma en el banco, continúa con su embalaje en cajones especiales y finaliza con el traslado a una empresa especializada donde se realiza la destrucción total del material, reutilizando el acero según sus características técnicas.
En ese marco, la ministra señaló como un dato relevante que, de acuerdo a la información brindada por el coordinador del organismo, solo dos provincias nunca enviaron armas secuestradas para su destrucción: Formosa y San Luis. Indicó que, tras ser secuestradas por la Policía y puestas a disposición de la Justicia, muchas de estas armas permanecen almacenadas en depósitos provinciales una vez concluidas las pericias. “Esto no es positivo, porque las armas pueden desaparecer, ser robadas o terminar en el mercado ilegal”, advirtió.
Sosa recordó que en noviembre de 2025 San Luis sancionó una ley provincial que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa, en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.938. La normativa designa al Ministerio de Seguridad como Autoridad de Aplicación, responsable de la trazabilidad, control e implementación del proceso.
En línea con esta legislación, la ministra adelantó que se prevé avanzar en la firma de un convenio con el Poder Judicial, para que las armas actualmente en depósito y cuyas causas cuenten con condena firme sean destinadas de manera definitiva a su destrucción.
Finalmente, explicó que el procedimiento contempla que personal del Banco Nacional de Armas se traslade a San Luis para retirar las armas bajo custodia policial y acompañar todo el circuito hasta su disposición final. “Esto garantiza transparencia desde el secuestro hasta la destrucción final y permite consolidar una política clara en materia de armas de fuego”, concluyó.
