La causa judicial que investiga el presunto vaciamiento del Molino Fénix, en Villa Mercedes, durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, ingresó en una etapa decisiva y podría derivar en un juicio oral contra cinco personas vinculadas a la administración del histórico complejo cultural.
El avance más reciente fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal, que informó la incorporación de nuevas evidencias a la investigación. A partir de ese material probatorio, el fiscal José Olguín solicitará una nueva formulación de cargos contra dirigentes y funcionarios relacionados con la gestión del espacio.
Entre los principales apuntados aparece la dirigente albertista Anabela Lucero, quien será imputada por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y sustracción de medios de prueba.
Junto a ella también serán acusados su pareja, el diputado Joaquín Beltrán; su hermano, Enzo Lucero; su cuñado, Ezequiel Scarel; y Diego Torres. Según la acusación fiscal, todos habrían actuado como coautores de las maniobras investigadas.
El fiscal pidió reprogramar la audiencia
El fiscal José Olguín solicitó al juez de Garantía Santiago Ortiz que establezca una nueva fecha para ampliar cargos y discutir medidas de coerción.
Inicialmente, para el próximo 5 de junio estaba prevista una audiencia destinada a tratar distintos pedidos de nulidad presentados por las defensas. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que resulta necesario reorganizar el cronograma judicial debido al “voluminoso material probatorio” incorporado en la causa.
De acuerdo al planteo del Ministerio Público Fiscal, la decisión busca garantizar la economía procesal y el derecho de defensa de los imputados antes de avanzar hacia una eventual elevación a juicio oral.
El Superior Tribunal debe resolver una cuestión clave
No obstante, el expediente enfrenta todavía un obstáculo institucional antes de continuar.
El avance de la investigación depende de que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis defina quién tiene competencia para resolver una prórroga extraordinaria de la Investigación Penal Preparatoria.
La situación se originó luego de que el juez Santiago Ortiz fuera apartado de su cargo y sometido a juicio político el año pasado. A partir de entonces intervinieron distintos magistrados, quienes mantuvieron criterios contrapuestos sobre cómo debía continuar el expediente.
Las primeras imputaciones contra Lucero y Beltrán
El 14 de marzo del año pasado, Anabela Lucero y Joaquín Beltrán ya habían sido imputados por delitos de peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La acusación sostiene que se habrían utilizado bienes, vehículos, personal y recursos del Molino Fénix con fines políticos y partidarios.
Según la hipótesis fiscal, aunque Beltrán figuraba como administrador del complejo, Lucero tenía control sobre los recursos económicos por su cercanía política con Alberto Rodríguez Saá.
La investigación también sostiene que el espacio cultural habría sido utilizado como estructura política durante la campaña en la que Anabela Lucero buscó convertirse en intendenta de Villa Mercedes.
El caso se transformó en una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en San Luis, debido al volumen de fondos públicos bajo análisis y a la cantidad de dirigentes involucrados.
