En una decisión que impacta en el panorama político de San Luis, la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, ha hecho lugar a una medida cautelar presentada por Claudio Poggi, gobernador electo de la provincia. La medida afecta al Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, agencias y sociedades de Estado.
La solicitud de Poggi, respaldada por su vicegobernador electo, Ricardo Endeiza, se basó en la inconstitucionalidad de los actos realizados por el gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, después de las elecciones del 11 de junio. Estos actos incluyen llamados a licitación, adjudicaciones y contrataciones que exceden su mandato y el presupuesto del año 2023, lo que plantea interrogantes sobre la utilización de los recursos del próximo gobierno.
La resolución de la jueza Bona ordena la suspensión de todos los actos que van más allá del 10 de diciembre, asegurando que la medida cautelar abarca tanto a los órganos gubernamentales como a las entidades estatales y sociedades cuya ejecución pudiera exceder la fecha mencionada.
La fundamentación de esta solicitud se basó en la violación de disposiciones constitucionales provinciales que regulan la autorización de gastos y contratos, así como en la necesidad de proteger los derechos colectivos de los habitantes de la provincia de San Luis.
Poggi y Endeiza también actuaron en calidad de ciudadanos preocupados por la violación de las normas constitucionales y convencionales, destacando la importancia de limitar los mandatos y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
La jueza Bona, en su resolución, consideró diversos elementos, incluyendo la retirada de fondos del tesoro provincial, aumentos salariales y acuerdos con los municipios, para respaldar su decisión de suspender los actos gubernamentales que exceden el mandato actual.
Esta medida cautelar marca un punto de inflexión en la política de San Luis y plantea interrogantes importantes sobre la transición de poder y la administración de los recursos públicos.
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