En un giro político y legal, la Provincia ha decidido apelar la cautelar que ha paralizado la ejecución de obras públicas. La Fiscalía de Estado ha argumentado que esta medida se basa más en consideraciones políticas y opiniones personales que en fundamentos jurídicos sólidos. Además, han recusado a la jueza del Laboral Nº 2, María Eugenia Bona, con la intención de apartarla del caso.
El fiscal de Estado, Roald Cattaneo, ha declarado que esta decisión afecta significativamente el ejercicio de las funciones estatales y perjudica el crecimiento de la provincia. La controversia se originó cuando la jueza Bona emitió una medida cautelar que detuvo la tramitación de todas las obras públicas en el marco de un amparo presentado por el gobernador electo, Claudio Poggi.
Cattaneo también destacó la dificultad de acceder al expediente, ya que estaba reservado, lo que les obligó a tomar medidas a ciegas. La recusación se basa en las declaraciones públicas de la jueza Bona, que, según la Fiscalía, sugieren un adelanto de opinión sobre el resultado del juicio.
En respuesta a la recusación, la jueza Bona remitió el trámite al Juzgado Laboral Nº 1, aunque también la rechazó. Mientras tanto, el amparo aún no se ha resuelto, y el fiscal Cattaneo ha señalado que el expediente debe elevarse a la Cámara Laboral para que se pronuncie sobre la apelación a la cautelar. El resultado de este proceso determinará si la jueza Bona podrá volver a intervenir en el caso o si será el Juzgado Laboral Nº 1 quien continúe con el procedimiento. La incertidumbre sobre el desenlace persiste, ya que este tipo de procedimientos lleva su tiempo.
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