Política

Bazla Vs. Ramírez: Entre acusaciones y desmentidas continúa la batalla legal

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Durante el período comprendido entre el 1° y el 6 de diciembre del año pasado, la exsecretaria de Deportes de la gestión anterior, Cintia Ramírez, en colaboración con Miguel Berardo, entonces secretario general de la Gobernación, destinaron un monto significativo de $152 millones para la realización de trabajos de movimiento de suelos y la construcción de alambrados en la Universidad de La Punta, destinados a dos futuras canchas deportivas.

La asignación de fondos se llevó a cabo mediante una contratación directa con la empresa MyD Construcciones SRL, que recibió un adelanto de $88 millones. Este desembolso, realizado sin una justificación clara y por una empresa creada después de la formación del Ente Deportes San Luis, llamó la atención de la auditoría contable realizada por la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, a cargo de Ricardo Bazla.

La ilegalidad en la maniobra fue expuesta por Bazla, quien informó al fiscal de Estado, Víctor Endeiza, sobre los hallazgos de la auditoría. En respuesta, el actual titular de Deportes, Gabriel Rivero, presentará una denuncia penal contra Ramírez por violación de las normas vigentes. Esta nueva acusación se suma a las anteriores por transferencias de fondos al San Luis Fútbol Club, del cual también era presidenta.

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El secretario de Ética Pública y Control de Gestión destacó que la exsecretaria de Deportes contrató a la empresa por $152 millones, superando el límite de $5 millones que permite la contratación directa. Además, adelantó el 70% del costo total de la obra, cuando la normativa establece un máximo del 30%. Bazla señaló que la empresa no está inscrita en el Registro de Proveedores de Obra Pública de San Luis y tiene un historial limitado de facturación al Gobierno provincial.

En un recorrido por el lugar, Bazla constató que, pese a los compromisos legales de finalizar la obra en 15 días, solo se había realizado un compactado parcial del terreno, incumpliendo el plazo pactado. El secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión resaltó la falta de razonabilidad en el precio y la ausencia de llamado a licitación pública, elementos esenciales según las leyes de obras públicas y contabilidad.

En respuesta a las acusaciones, Cintia Ramírez negó la incompatibilidad de cargos y denunció una persecución política. En una conferencia de prensa, acompañada de sus asesores legales, la exsecretaria defendió sus acciones, asegurando que actuó dentro de los procedimientos administrativos vigentes. Sus abogados resaltaron la legalidad de ostentar simultáneamente el cargo público y presidir la Asociación Civil San Luis Fútbol Club.

Las acusaciones, según el abogado Marcos Juárez, afectan tanto a nivel personal como profesional a Ramírez, quien considera que son parte de una estrategia política para desacreditar su gestión exitosa. Juárez llamó a la prudencia en las acusaciones y solicitó al Gobierno la oportunidad de presentar la documentación disponible de la administración de San Luis FC para aclarar cualquier duda.

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