La Casa Rosada restringió este lunes el ingreso a un grupo de periodistas acreditados, en medio de la controversia por una presunta red de financiamiento extranjero vinculada al espionaje ruso. La decisión, calificada como “preventiva” por fuentes oficiales, impactó directamente en cronistas que habitualmente cubren la actividad del Gobierno nacional.
Según trascendió, la medida se adoptó luego de que algunos medios fueran mencionados en un informe difundido por la organización openDemocracy, donde se advierte sobre una supuesta operación de influencia extranjera destinada a desacreditar la gestión de La Libertad Avanza.
Restricciones y versiones cruzadas
Los periodistas afectados se enteraron de la situación al intentar ingresar a la sede de Gobierno. En varios casos, indicaron que su acceso fue bloqueado sin previo aviso ni explicaciones formales.
Uno de los cronistas relató que, pese a contar con acreditación vigente, le informaron que su huella de ingreso había sido desactivada por orden de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. “No nos dieron más explicaciones”, señaló.
Desde el oficialismo sostuvieron que la decisión responde a una instancia de evaluación preliminar. En ese marco, anticiparon que se prevé convocar “uno por uno” a los responsables o directivos de los medios involucrados.
Investigación en curso y posibles consecuencias
De acuerdo con el informe citado, una estructura denominada “La Compañía” habría destinado alrededor de 283.000 dólares para financiar más de 250 publicaciones en 23 medios digitales argentinos, con el objetivo de influir en la opinión pública.
En caso de comprobarse irregularidades, desde el entorno del presidente Javier Milei no descartan avanzar con denuncias judiciales que podrían incluir figuras como injerencia extranjera o incluso traición a la patria, lo que elevaría el conflicto al ámbito judicial.
Un escenario de tensión entre prensa y Gobierno
El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y el periodismo acreditado. Mientras desde el Ejecutivo argumentan razones de seguridad e investigación, sectores del ámbito periodístico advierten sobre posibles restricciones al ejercicio profesional y la libertad de prensa.
La situación continúa en desarrollo y se esperan definiciones oficiales en los próximos días.
