La investigación judicial sobre el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, con el objetivo de profundizar el análisis de sus bienes en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida apunta a acceder a información clave como cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles operaciones con billeteras virtuales, con el fin de contrastar estos datos con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control.
Avanza el análisis patrimonial
Desde el ámbito judicial se busca determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados y la evolución patrimonial del funcionario. El levantamiento del secreto bancario permitiría reconstruir con mayor precisión los movimientos financieros y detectar posibles irregularidades.
En paralelo, la causa también pone el foco en operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni, particularmente la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, que generó sospechas por las condiciones de pago.
Nuevos testigos citados a declarar
La fiscalía citó a cinco nuevos testigos para esclarecer cómo se desarrolló la operación de compra del inmueble. Entre ellos se encuentra Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento.
Su nombre surgió tras un procedimiento de la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, firma que intervino en la comercialización del inmueble. Deberá presentarse a declarar el próximo 22 de abril.
También fueron convocados la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes deberán comparecer el 20 de abril, además del encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril) y Juan Ernesto Cosentino, vendedor de una propiedad en Exaltación de la Cruz, citado para el 27 de abril.
Bajo la lupa: la operación en Caballito
Según consta en la causa, el departamento habría sido adquirido mediante un esquema que incluyó un anticipo de 30.000 dólares y un saldo cercano a 200.000 dólares financiados a un año sin interés, una modalidad que ahora es objeto de análisis judicial.
La investigación intenta determinar si estas condiciones responden a una operatoria habitual del mercado o si existieron beneficios indebidos que podrían configurar una irregularidad.
