La causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito atraviesa una instancia clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita le formuló un requerimiento de justificación patrimonial con 20 puntos concretos relacionados con bienes, operaciones inmobiliarias, dólares en efectivo, préstamos, gastos y movimientos con criptoactivos.
El requerimiento surgió después del análisis realizado sobre la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. La investigación busca establecer si los bienes, gastos e inversiones detectados encuentran respaldo en ingresos de origen lícito.
Una diferencia de más de $43 millones entre ingresos y gastos
De acuerdo con los números incorporados a la investigación, durante el período analizado el grupo familiar registró ingresos comprobados por $229.752.283,20, mientras que los egresos considerados alcanzaron los $272.820.832,20.
La diferencia asciende a $43.068.549. A ese cálculo se agregan operaciones y desembolsos por aproximadamente US$402.578,12 que, según el requerimiento fiscal, no encontrarían hasta el momento correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados.
El fiscal Gerardo Pollicita había otorgado inicialmente un plazo para responder el requerimiento. Posteriormente, el juez federal Ariel Lijo concedió a la defensa una prórroga de 15 días hábiles, luego de que los abogados solicitaran tiempo adicional para acceder y analizar documentación incorporada al expediente.
Las explicaciones que presente la defensa serán determinantes para los próximos pasos de la causa. Si la fiscalía considera que las justificaciones y la documentación aportada no resultan suficientes, podría avanzar hacia una eventual declaración indagatoria.
Las 20 preguntas que la Justicia planteó a Adorni
1. Dólares en efectivo.
Deberá explicar el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados durante los ejercicios investigados.
2. Préstamos familiares.
La Justicia requiere documentación sobre los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, incluyendo su existencia, fecha, entrega efectiva del dinero, utilización y evolución de las obligaciones.
3. Compra de un Jeep.
Deberá precisar de dónde provinieron los fondos utilizados para adquirir un vehículo marca Jeep.
4. Lote en el country Indio Cuá.
La fiscalía reclama conocer el origen del dinero destinado a la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá.
5. Remodelación de la vivienda.
Adorni deberá justificar los fondos destinados a la remodelación integral de la propiedad del country, particularmente los pagos realizados al contratista Matías Tabar, que la investigación sitúa en torno a los US$245.000.
6. Mobiliario del inmueble de Miró 550.
Otro interrogante apunta al origen del dinero utilizado para adquirir muebles, cuyos pagos habrían sido efectuados en dólares y en efectivo.
7. Compra del inmueble de Miró 550.
La Justicia solicita detalles sobre el origen de los fondos, la naturaleza de la operación y las condiciones bajo las cuales fue adquirido el inmueble.
8. Ingresos exentos, herencias y donaciones.
El exfuncionario deberá acreditar el origen y respaldo de ingresos declarados como no alcanzados por Ganancias o exentos, además de bienes atribuidos a herencias, legados o donaciones.
9. Viajes y gastos familiares.
Se requiere establecer de dónde provino el efectivo utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y cuotas y matrículas escolares.
10. Utilización de terceros.
La fiscalía busca determinar por qué terceras personas habrían intervenido reiteradamente en adquisiciones de bienes o pagos relacionados con el grupo familiar.
11. Operaciones con criptomonedas.
Adorni deberá detallar su operatoria con criptoactivos y explicar particularmente el origen del capital con el que asegura haber iniciado esas inversiones.
12. Gastos frente a ingresos declarados.
Otro punto reclama explicar cómo se compatibilizan los movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.
13. Comprobantes superiores a $6 millones.
Deberá brindar detalles sobre una serie de comprobantes informados ante ARCA durante 2024 y 2025, indicando si las operaciones se concretaron, cómo fueron canceladas y cuál fue el origen del dinero utilizado.
14. Deudas con Banco Galicia.
En caso de haberse cancelado obligaciones con el Banco Galicia, deberá informarse cuándo se pagaron, quién realizó los pagos, mediante qué mecanismo y de dónde provinieron los fondos.
15. Honorarios notariales.
La Justicia reclama información sobre los honorarios facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko por operaciones inmobiliarias vinculadas al matrimonio.
16. Tarjetas adicionales.
La fiscalía busca establecer por qué personas del entorno del exfuncionario aparecen realizando consumos como usuarios adicionales de tarjetas vinculadas a Adorni.
17. Facturación de una concesionaria.
Deberá determinarse si una factura superior a $4 millones emitida por una concesionaria corresponde a la adquisición de otro vehículo que no habría sido declarado.
18. Acreditaciones no salariales.
Otro punto exige explicar el concepto y origen de depósitos no correspondientes al salario recibidos en la cuenta sueldo de Adorni en el Banco Nación.
19. Mejoras en Miró 550.
La Justicia requiere conocer qué metodología se utilizó para determinar el valor declarado de las mejoras efectuadas en esa propiedad.
20. Mejoras en el Country Indio Cuá.
Finalmente, deberá explicar cómo fueron valuadas las obras realizadas en el lote 380 de Indio Cuá y cuál fue el origen de los fondos utilizados.
Una instancia decisiva para la investigación
El requerimiento de justificación patrimonial constituye una etapa relevante dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía deberá analizar la documentación y las explicaciones de la defensa antes de resolver si corresponde profundizar las medidas de prueba o avanzar hacia una eventual indagatoria.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada contra Adorni y derivó posteriormente en distintas medidas destinadas a reconstruir su evolución patrimonial, incluyendo información bancaria, declaraciones juradas, operaciones inmobiliarias y movimientos vinculados con activos digitales.
Hasta el momento, la existencia de inconsistencias forma parte de la hipótesis investigada por la Justicia y no implica una determinación de responsabilidad penal.
