El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial resolvió este martes los planteos presentados por las defensas de los imputados y la querella particular en el marco del caso Magalí Morales, una causa que investiga la muerte de la joven ocurrida en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara en abril de 2020.
A través del Auto Interlocutorio N° 40, el Tribunal confirmó por mayoría la formulación de cargos dispuesta en la audiencia del pasado 16 de marzo y rechazó los recursos interpuestos por las defensas. La causa se mantiene en una etapa inicial de investigación penal preparatoria, con un plazo de 120 días para el avance de las actuaciones.
Agravamiento de la calificación legal
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la admisión parcial del planteo de la querella. En ese sentido, el Tribunal dispuso una calificación legal más gravosa para dos de las imputadas, al considerarlas coautoras del delito de torturas seguidas de muerte.
Además, la resolución reconoce la coexistencia de dos hipótesis dentro del expediente: la sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la impulsada por la querella. Ambas líneas de investigación continuarán desarrollándose hasta la eventual instancia de elevación a juicio, donde se definirá la calificación final.
Prisión preventiva para los cuatro imputados
En relación a las medidas de coerción, el Tribunal ratificó la prisión preventiva para Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, quienes ya se encontraban detenidos.
Asimismo, ordenó la misma medida —por un plazo de 90 días— para Victoria Johana Paola Torres y María Eugenia Argüello, en función de los riesgos procesales evaluados durante el análisis del caso.
Los antecedentes de la causa
La investigación se originó por los hechos ocurridos en abril de 2020, en plena vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia, cuando Magalí Morales fue detenida en una comisaría de Santa Rosa del Conlara y posteriormente falleció.
En la audiencia de formulación de cargos realizada el 16 de marzo en la Tercera Circunscripción Judicial, la Justicia imputó a los cuatro efectivos policiales por distintos delitos vinculados con la detención y muerte de la joven.
- Clavero y Ontiveros están acusados como presuntos autores de privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Argüello fue imputada por omisión de denunciar torturas, incumplimiento de deberes y omisión o retardo de actos de oficio.
- Torres, en tanto, enfrenta cargos por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio.
En aquella instancia, el juez Nicolás Coppola había dispuesto la prisión preventiva para los dos principales acusados y medidas morigeradas para las otras imputadas, decisión que ahora fue revisada y parcialmente modificada por el Tribunal de Impugnaciones.
Una causa en etapa clave
El expediente avanza en una fase determinante, donde la recolección de pruebas y el desarrollo de las distintas hipótesis serán claves para definir el futuro judicial del caso. La resolución conocida este martes marca un nuevo paso en una investigación que continúa generando atención institucional y social en la provincia de San Luis.
