La investigación judicial por presuntos delitos cometidos durante la anterior administración del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes sumó este jueves un nuevo capítulo. El Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo del juez Santiago Ortiz, autorizó extender por otros seis meses la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y fijó para el próximo lunes 24 de agosto, a las 9, la audiencia en la que la Fiscalía pretende ampliar la formulación de cargos contra los cinco imputados.
La causa tiene actualmente como imputados a Joaquín Beltrán, Anabela Lucero, Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel, quienes fueron alcanzados por diferentes acusaciones vinculadas con la utilización, administración y presunta sustracción de bienes y recursos públicos.
La audiencia del lunes fue fijada bajo apercibimiento: si alguno de los imputados no comparece, podrá disponerse su conducción mediante la fuerza pública.
La decisión representa un nuevo avance dentro de un expediente iniciado formalmente en 2024 y atravesado desde entonces por allanamientos, secuestros, planteos de nulidad, recusaciones, apelaciones, peritajes tecnológicos y sucesivas intervenciones del Tribunal de Impugnaciones y del Superior Tribunal de Justicia.
La causa comenzó con una denuncia por presuntas irregularidades
El origen del expediente se remonta al 31 de enero de 2024, cuando Pablo González, quien había asumido responsabilidades dentro del Molino Fénix tras el cambio de gobierno provincial, presentó una denuncia por presuntas irregularidades detectadas en el complejo.
La presentación mencionaba inicialmente posibles hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
Según aquella denuncia, al asumir la nueva conducción se habrían detectado faltantes de equipos tecnológicos, computadoras, documentación y mobiliario, además de la inexistencia de determinados inventarios y el cierre de cuentas digitales y correos institucionales.
La investigación quedó en manos del fiscal José Olguín, con intervención del juez Santiago Ortiz.
Allanamientos en noviembre de 2024
Uno de los primeros avances relevantes ocurrió el 15 de noviembre de 2024, cuando la Justicia ordenó una serie de allanamientos en propiedades relacionadas con las personas investigadas.
Los procedimientos alcanzaron inmuebles vinculados con Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero y otros involucrados.
La investigación buscaba localizar documentación, dispositivos electrónicos y elementos que, según la denuncia, pertenecían o habrían estado vinculados con la Casa de la Música y el Molino Fénix.
A medida que avanzaron las pesquisas también comenzaron a investigarse movimientos de bienes, utilización de vehículos oficiales, gastos de combustible y eventual aplicación de recursos del complejo para actividades ajenas a sus funciones institucionales.
Los hechos que reconstruyó la Fiscalía
La acusación fiscal fue incorporando distintos episodios ocurridos principalmente durante 2023, antes del cambio de administración provincial.
Entre los hechos posteriormente presentados ante la Justicia aparece un episodio ocurrido durante la noche del 15 al 16 de junio de 2023, cuando Joaquín Beltrán y Diego Torres, junto con otras personas, presuntamente reunieron muebles de la Casa de la Música y los trasladaron a una sede partidaria vinculada con Anabela Lucero.
Otro episodio está fechado el 27 de noviembre de 2023. Según la reconstrucción fiscal, Exequiel Scarel habría retirado distintos elementos de las instalaciones y los habría colocado en un vehículo particular.
La investigación también puso el foco en lo sucedido el 9 de diciembre de 2023, un día antes del cambio de gobierno provincial.
De acuerdo con la evidencia incorporada al expediente, los cinco investigados habrían estado ese día en instalaciones del Molino Fénix y del Museo José María Gatica, donde presuntamente fueron retirados documentos y otros elementos. La acusación menciona cajoneras y una puerta del teatro dañadas, el traslado de computadoras y notebooks y faltantes posteriores de documentación.
También existen registros fílmicos que, de acuerdo con la investigación, muestran bolsas cargadas en un vehículo atribuido a Anabela Lucero que posteriormente habrían sido descartadas en la zona del barrio Kilómetro 4.
Combustible, vehículos y recursos del Molino Fénix
La causa no quedó limitada a la presunta desaparición de bienes.
Los investigadores analizaron además la utilización de recursos económicos y materiales de la institución.
Según la acusación, una cuenta corriente utilizada para la carga de combustible habría permitido abastecer vehículos ajenos a la repartición. Una reconstrucción posterior de la causa señaló que existían 22 automóviles registrados y aproximadamente 5.900 litros de combustible involucrados en las operaciones analizadas.
También se investiga el presunto empleo de vehículos oficiales, instalaciones, personal y fondos públicos con finalidades políticas o partidarias, particularmente durante la campaña electoral de Anabela Lucero para la intendencia de Villa Mercedes.
Entre las situaciones incorporadas por la Fiscalía figuran el traslado de personas y militantes, la adquisición de elementos destinados presuntamente a actividades de campaña y el pago de seguros correspondientes a sedes partidarias.
Otra línea de investigación apunta al supuesto uso privado del servicio de alojamiento disponible en la Casa de la Música, destinado originalmente a artistas que trabajan o graban en el complejo.
Todos estos hechos forman parte de una acusación en etapa investigativa y no implican una declaración de culpabilidad, cuestión que únicamente puede establecerse mediante una sentencia firme.
Febrero de 2025: nulidad de la denuncia y recusación del juez
Antes de que pudieran formularse definitivamente los cargos, el expediente atravesó una fuerte discusión procesal.
El 21 de febrero de 2025, los abogados Gonzalo Estrada y Carlos Cobo, entonces defensores de Joaquín Beltrán, solicitaron la nulidad de la denuncia que había originado la investigación.
Entre sus argumentos cuestionaron la falta de ratificación de la presentación y sostuvieron que no reflejaba una manifestación genuina de voluntad del denunciante.
El juez Santiago Ortiz rechazó el planteo y ordenó que el proceso continuara.
Tras esa decisión, la defensa pidió apartar al magistrado argumentando temor de parcialidad.
El planteo llegó al Tribunal de Impugnaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado por Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante.
El Tribunal rechazó la recusación al considerar que no existían elementos objetivos ni subjetivos que permitieran poner en duda la imparcialidad de Ortiz.
En su resolución sostuvo, además, que la disconformidad con una decisión judicial adversa no constituye por sí sola una causal para apartar a un juez, y ordenó continuar la causa bajo la conducción del magistrado natural.
Durante esta etapa también se produjeron planteos relacionados con la excusación del magistrado, que finalmente no provocaron su apartamiento definitivo de la investigación.
14 de marzo de 2025: formularon cargos contra los cinco investigados
Superadas aquellas incidencias procesales, el 14 de marzo de 2025 se concretó una de las audiencias más importantes del expediente.
La Fiscalía expuso diferentes hechos relacionados con sustracción de bienes, utilización de instalaciones, vehículos y personal, gastos de combustible y empleo de recursos públicos para actividades presuntamente particulares o partidarias.
El juez Santiago Ortiz admitió parcialmente la formulación de cargos.
Joaquín Beltrán quedó imputado por peculado, administración fraudulenta, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Anabela Lucero quedó imputada por peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Por su parte, Diego Torres, Enzo Lucero y Exequiel Scarel fueron imputados por peculado y administración fraudulenta, de acuerdo con las respectivas participaciones atribuidas provisionalmente por la acusación.
El magistrado no admitió en esa instancia la acusación por robo en poblado y en banda, decisión que generó reservas de apelación por parte de la Fiscalía y la querella.
Embargos y restricciones
Junto con la formulación de cargos se establecieron diferentes medidas de coerción.
Entre ellas figuraron embargos preventivos, prohibiciones de acercamiento al Molino Fénix, Casa de la Música y Museo José María Gatica, restricciones para salir de la provincia o del país sin autorización judicial, obligación de presentación periódica y entrega de pasaportes.
Los planteos llegaron posteriormente al Tribunal de Impugnaciones, que el 22 de mayo de 2025 confirmó gran parte de las imputaciones formuladas por Ortiz.
También quedó confirmado un embargo de $300 millones para los principales imputados, mientras que para Scarel, Enzo Lucero y Torres fue establecido en $50 millones, según las modificaciones dispuestas en segunda instancia.
El Tribunal también rechazó la pretensión de incorporar en esa etapa la figura de robo calificado en poblado y en banda, y mantuvo la calificación de uno de los hechos dentro de la figura de peculado por sustracción.
La disputa por teléfonos y dispositivos electrónicos
Otro de los capítulos centrales de la investigación estuvo relacionado con los teléfonos celulares, computadoras y demás dispositivos secuestrados.
Las Defensas Oficiales cuestionaron distintos procedimientos y plantearon nulidades vinculadas con los secuestros, la conservación de los elementos y la cadena de custodia.
Entre los argumentos posteriormente reiterados aparece el presunto incumplimiento del artículo 139 del Código Procesal Penal de San Luis.
La Fiscalía rechazó estas objeciones y sostuvo que los dispositivos podían contener información relevante para reconstruir comunicaciones, movimientos de documentación y relaciones entre las personas investigadas.
El 21 de julio de 2025, el juez Ortiz autorizó la extracción de información de teléfonos y otros dispositivos.
La medida comprendió el análisis de comunicaciones comprendidas entre el 1 de enero de 2023 y el 26 de diciembre de 2024, incluyendo llamadas, mensajes, redes sociales, fotografías, videos y documentación relacionada con los hechos investigados.
La resolución estableció límites para evitar acceder a comunicaciones de terceros ajenos a la causa y proteger el derecho a la intimidad.
Las defensas adelantaron entonces que recurrirían la decisión.
La nulidad de la denuncia volvió a llegar al Tribunal
La discusión sobre la validez de la denuncia inicial tampoco terminó con la decisión adoptada por Ortiz en febrero.
La defensa de Joaquín Beltrán apeló aquella resolución y el asunto llegó nuevamente al Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial.
En septiembre de 2025, el Tribunal rechazó el recurso y confirmó la validez de la decisión del Juzgado de Garantía Nº 4.
Los magistrados consideraron que para declarar una nulidad procesal debía existir un agravio real, concreto y actual al derecho de defensa, circunstancia que entendieron no había sido acreditada.
La Fiscalía avanzó hacia una ampliación de cargos
Durante 2025 y 2026 continuó incorporándose prueba y profundizándose el análisis contable.
El fiscal José Olguín señaló públicamente que la investigación abordaba montos millonarios y que la acusación podría ampliarse a medida que concluyeran los informes financieros.
El 20 de mayo de 2026 trascendió formalmente que el Ministerio Público Fiscal pretendía avanzar con una ampliación de la formulación de cargos.
De acuerdo con la información conocida entonces, la Fiscalía pretende incorporar nuevas figuras vinculadas con asociación ilícita, fraude contra una administración pública y sustracción de medios de prueba, atribuyendo provisoriamente participación a los cinco investigados.
Estas nuevas acusaciones todavía deben ser formalmente tratadas por el juez, por lo que no deben confundirse con los delitos por los cuales los imputados ya fueron alcanzados por la formulación de cargos de marzo de 2025.
El Superior Tribunal definió quién debía resolver la prórroga
Antes de concretarse la ampliación surgió otra cuestión procesal: qué juez debía resolver la segunda prórroga extraordinaria de la Investigación Penal Preparatoria.
La situación se produjo en un contexto en el que Ortiz había atravesado un período fuera de sus funciones y distintos magistrados habían intervenido en el expediente.
Finalmente, a comienzos de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis resolvió la cuestión de competencia y determinó que correspondía al juez natural de la causa, Santiago Ortiz, expedirse sobre la prórroga.
Con ese obstáculo procesal resuelto se convocó a la audiencia de este 20 de agosto.
La Justicia concedió ahora otros seis meses de investigación
Durante la audiencia desarrollada este jueves en el Juzgado de Garantía Nº 4, la Fiscalía, representada por José Olguín, pidió una nueva extensión de la Investigación Penal Preparatoria por seis meses.
El fiscal fundamentó la solicitud en la aparición de nuevos hechos y la necesidad de ampliar las imputaciones.
El abogado Flavio Ávila, representante de Fiscalía de Estado como querellante, acompañó el pedido y argumentó que se trata de una investigación compleja debido a la cantidad de imputados y la multiplicidad de hechos.
Las defensoras Silvia Morán y Ximena Bertoli, representantes de Diego Torres, adhirieron al pedido.
En cambio, Cecilia Mithiaux, defensora de Exequiel Scarel, y Noelia Páez, representante de Enzo Lucero, se opusieron.
Finalmente, Ortiz hizo lugar a la segunda prórroga por otros seis meses.
La ampliación de cargos pasó para el lunes 24
La segunda cuestión trascendental era la ampliación de la formulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Olguín sostuvo que debía garantizarse la presencia de todos los imputados debido a que las nuevas acusaciones presentan situaciones comunes o similares.
La querella acompañó el pedido y reclamó que se garantizara la comparecencia de todos los acusados.
Tras un cuarto intermedio, tres imputados se conectaron mediante Cisco Webex y otros dos permanecieron presencialmente en la sala.
El abogado Gabriel Bracco, defensor de Joaquín Beltrán, coincidió con la reprogramación e informó que se encuentran bajo análisis ofrecimientos de reparación integral.
Por su parte, Esteban Bustos Bridaroli, representante de Anabela Lucero, adhirió al planteo de suspensión.
Luego de escuchar a todas las partes, Ortiz fijó la nueva audiencia para el lunes 24 de agosto a las 9.
El magistrado fundamentó la decisión en el principio de celeridad y en la necesidad de respetar los tiempos procesales.
Además, dejó expresamente establecido que quienes no comparezcan podrán ser conducidos mediante la fuerza pública.
Rechazaron devolver celulares, una notebook y otros elementos
Durante la misma audiencia se discutió la devolución de bienes secuestrados durante la investigación.
La defensa de Anabela Lucero solicitó la restitución de distintos elementos cuya propiedad, según sostuvo, estaría acreditada. Entre ellos mencionó un teléfono celular, una notebook, una cafetera y una consola de sonido.
La Fiscalía se opuso porque consideró que esos objetos constituyen evidencia que puede ser utilizada durante la ampliación de cargos.
La querella adoptó la misma posición.
El juez no hizo lugar al pedido.
Las defensas de Enzo Lucero y Exequiel Scarel también solicitaron la devolución de teléfonos celulares, pero Ortiz rechazó las presentaciones atendiendo al actual estado de la investigación.
Al formular sus reclamos, esas defensas volvieron a mencionar supuestas irregularidades en la cadena de custodia y cuestionaron el cumplimiento del artículo 139 del Código Procesal Penal de San Luis.
Esos planteos serán analizados en la audiencia prevista para el lunes.
Pedido para limitar la divulgación de evidencias
Otro tema tratado fue la difusión pública de elementos incorporados a la investigación.
La defensa de uno de los imputados solicitó una medida cautelar para impedir la divulgación de evidencias que eventualmente puedan ser incorporadas como prueba durante un futuro juicio oral.
También hizo referencia a los presuntos perjuicios ocasionados a su defendido por información difundida a través de medios periodísticos.
Ortiz recordó una resolución dictada el 4 de junio de 2026, mediante la cual ya había advertido a todas las partes que debían actuar con diligencia y responsabilidad respecto de la evidencia existente en los diferentes legajos, con el objetivo de preservar el debido proceso y el derecho de defensa.
Cómo queda actualmente la causa Molino Fénix
Con la resolución de este jueves, la investigación continuará durante otros seis meses y la atención quedará concentrada ahora en la audiencia del 24 de agosto.
Ese día la Fiscalía buscará concretar la ampliación de la formulación de cargos, mientras las defensas plantearán objeciones vinculadas, entre otros aspectos, con evidencias electrónicas y cadena de custodia.
Hasta el momento, Joaquín Beltrán y Anabela Lucero continúan alcanzados por cargos de peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, mientras que Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres permanecen imputados, con las particularidades establecidas para cada uno, principalmente por peculado y administración fraudulenta.
La Fiscalía pretende ahora ampliar el alcance penal de la investigación con nuevas figuras, entre ellas asociación ilícita, pero esa pretensión deberá ser expuesta, debatida y resuelta judicialmente.
La audiencia de este jueves estuvo encabezada por Santiago Ortiz, titular del Juzgado de Garantía Nº 4, con intervención de la secretaria Daniela López Martin.
Por el Ministerio Público Fiscal participó José Olguín y por la querella, en representación de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila.
También participaron las defensoras Silvia Morán, Ximena Bertoli, Noelia Páez y Cecilia Mithiaux, además de los abogados Gabriel Bracco y Esteban Bustos Bridaroli.
